Eléctricas recurrirán norma CO2 si el futuro proyecto de ley no la corrige

El presidente de la patronal Unesa, Pedro Rivero, afirmó hoy durante una conferencia de prensa que el Real Decreto-Ley es "muy malo" y representa una "amenaza" para la evolución futura del sector, ya que no especifica "ni como ni cuando" se deberá hacer la compensación de los costes del CO2.

La queja fundamental es que la norma introduce inseguridad jurídica al dejar demasiados aspectos abiertos para su posterior desarrollo por el Gobierno mediante normas de rango inferior y que supone un daño patrimonial para las empresas.

Además, consideran que no se puede calcular el precio de mercado de la electricidad de no haberse concedido los derechos gratuitos y destacan que todavía no se ha demostrado que hayan cobrado cantidad alguna de forma indebida, explicó Rivero.

El Real Decreto-Ley, que estipula que las compañías devolverán el importe de los derechos de CO2 gratuitos concedidos entre 2008 y 2012, no recoge el precio del megavatio-hora (MWh) que se tomará como referencia para los cálculos de los importes a devolver, aspecto que se fijará mediante orden ministerial.

Las empresas confían en que a través de las enmiendas acordadas por los grupos parlamentarios en su tramitación como proyecto de ley la Administración "reconsidere" la actual norma, explicó Rivero, lo que evitaría acudir a los tribunales.

El Real Decreto-Ley, aprobado por el Gobierno el pasado 7 de diciembre, recibió el respaldo del Congreso, aunque los grupos también aprobaron su tramitación como proyecto de ley.

Sin embargo, dado lo avanzado de la legislatura (las Cortes se disuelven a mediados de enero) será imposible cumplir el trámite.

Desde Unesa insisten en que el Real Decreto-Ley fue una "sorpresa" para el sector y confían en que el nuevo Gobierno retome el asunto con la mayor rapidez posible para poder conocer el impacto de la norma antes de la presentación de sus cuentas del primer trimestre.

En caso de que se recurriera el Real Decreto-Ley, algo que podría hacer cada empresa por separado o conjuntamente a través de Unesa, las eléctricas sopesan plantear la batalla tanto en España como en la Unión Europa.

Una fórmula para actuar podría ser recurrir contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó la norma, lo que permitiría abrir una vía para plantear reclamaciones patrimoniales ante el Tribunal Supremo.

En cuanto al trámite en Bruselas, las eléctricas consideran que el Real Decreto-Ley va en contra de la Directiva de derechos de emisión gratuitos, que obliga a internalizar su coste en el precio del producto final. EFECOM

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