ANÁLISIS-El sector farmacia, damnificado por la deuda pública

La última de las medidas que previsiblemente aprobará el Gobierno en el Consejo de Ministros del 19 de agosto contempla una bajada del 15 por ciento en los precios de los medicamentos que lleven más de 10 años en el mercado y que no tengan un equivalente genérico, lo que ha desatado críticas en el sector.

Una directiva de una multinacional con fuerte presencia en España dijo a Reuters que el nuevo recorte, que supondrán un ahorro de unos 2.400 millones de euros para las arcas públicas, supondrá que algunas farmacéuticas tengan que reestructurarse, con la consecuente pérdida de empleos.

"Sí que van a ser necesarias reestructuraciones, puede que dejemos de comercializar medicamentos, y muy probablemente se incluirían despidos", dijo.

Esta medida han vuelto a encender las alarmas en un sector que genera 40.000 empleos directos y 160.000 indirectos y que ya fue objeto de recortes del gasto en farmacia por 1.300 millones de euros entre 2010 y 2011 para alcanzar los objetivos de déficit del Gobierno.

"(Las nuevas medidas) todavía irían más en detrimento de toda la cadena. Afectaría a industria, distribución y a farmacia", dijo Luz Lewin, la directora técnica y de calidad de Cofades, la principal distribuidora de medicamentos en España.

El sector farmacéutico, que en 2010 facturó 14.858 millones de euros en España a precio de venta de laboratorio, ya ha mostrado su malestar diciendo que se encontraba en una situación límite y ha pedido una reunión con la ministra de Sanidad, Leire Pajín, tras conocerse las nuevas medidas.

RETRASOS EN PAGOS

Los laboratorios farmacéuticos también tienen una cuenta pendiente con las comunidades autónomas (CCAA), que tienen transferidas las competencias de Sanidad, por el pago de los medicamentos que suministran al Sistema Nacional de Salud (SNS).

La deuda por el suministro de medicamentos a hospitales del SNS ascendía a 5.191,9 millones de euros a marzo de 2011, un aumento de casi el 11 por ciento respecto al cierre de 2010, con una demora media de pago de 410 días, según datos de la patronal farmacéutica Farmaindustria.

Las cuentas de las CCAA se han convertido en un tema clave para la consecución de los objetivos de déficit del Gobierno y el mercado está muy pendiente de su evolución. Tanto ayuntamientos como autonomías sufren grandes retrasos en los pagos de los servicios, ya sea a empresas concesionarias o dependientes, en medio de llamamientos políticos a la contención del gasto público.

"Las comunidades autónomas tienen que priorizar si es más importante pagar un coche oficial o pagar los medicamentos", dijo la directora técnica de Cofares.

Las comunidades y los entes locales han sido los que más se han desviado de los objetivos del Gobierno para reducir el déficit de las administraciones públicas al 3 por ciento para el año 2013, y en julio el Gobierno y las comunidades aprobaron limitar el déficit de regiones para 2012 y 2013.

Pero las delicadas cuentas de las CCAA están teniendo otras consecuencias en el sector. Varias regiones españolas, que son las encargadas de pagar a las farmacias los medicamentos bajo recetas médicas que prescribe el SNS, se encuentran en una difícil situación al acumular retrasos en los pagos.

"Baleares está (sin cobrar) desde mitad de mayo, La Rioja desde junio, también en Valencia (...) y en Murcia, donde llegaron a un acuerdo", dijo Dolores Espinosa, presidente de la patronal de empresarios de farmacias de Castilla-La Mancha (FEFCAM).

Si no reciben a tiempo los pagos, las boticas - que funcionan mediante un sistema de margen fijo establecido por Ley en los artículos prescritos por el SNS -, deben afrontar los costes habituales del negocio prescindiendo de gran parte de sus ingresos, lo que los coloca en una situación límite, sobre todo en el ámbito rural, donde supone la principal (y a veces única) fuente de sus ingresos.

"El farmacéutico es, en algunos lugares, el único profesional sanitario", dijo una fuente conocedora del sector.

Las farmacias de Castilla-La Mancha han encendido la mecha al decretar el jueves un cierre patronal como medida de protesta en una decisión que puede extenderse a otras regiones.

"Se mantiene el cierre. El 80-85 por ciento (de unas 1.300 farmacias en Castilla-La Mancha) secundaría el cierre, excepto las farmacias de guardia", dijo Espinosa, que mantiene reuniones con el gobierno regional de Castilla-La Mancha para buscar solución a una situación en la que asegura que les adeudan en torno a 130 millones de euros.

/Por Rodrigo de Miguel/