Fiscal presentará mañana escrito final acusación previsiblemente modificado

Aunque fuentes de la Fiscalía Anticorrupción no han detallado qué cambio introducirá el fiscal González Mota, fuentes jurídicas se decantan por menores penas de cárcel para Laura García-Morey, mujer del principal imputado en el caso, y la antigua presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.

Sin embargo, hasta mañana, después de la lectura de la prueba documental con la que comenzará la duodécima semana de esta vista oral, no intervendrá el representante del Ministerio Público, que concretará sus acusaciones finales.

En ellas, previsiblemente, mantendrá la petición de once años de cárcel para el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, y el número 2 de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna.

En su escrito de acusación, previo a la apertura del juicio oral, el fiscal ya solicitó para Camacho la pena de 8 años de prisión y multa de 2 años, por importe de 175.492 euros, por el delito de apropiación indebida, mientras que por lo que consideró delito continuado de falsedad, solicitó la pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses, por valor de 87.746 euros.

El fiscal pidió las mayores condenas para Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna porque eran las personas que "actuaban coordinadamente engañando" a los clientes de Gescartera sobre el destino de sus ahorros.

Según las investigaciones del fiscal, Camacho dispuso en interés propio de cerca de 7 millones de euros (1.158 millones de pesetas), a los que hay que añadir otros 5 millones de euros (832 millones de pesetas), que se sacaron de las cuentas de Gescartera en beneficio de las personas del entorno de Camacho, según el Banco de España.

Además de estos 12 millones de euros (más del 17 por ciento de las aportaciones netas totales de clientes -11.559 millones de pesetas o 69,71 millones de euros-), Ruiz de la Serna supo cómo ocultar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el dinero de los clientes no se encontraba invertido en activos financieros y cobró de forma indebida otros 2,7 millones de euros (460,5 millones de pesetas) de las cuentas de Gescartera desde el 1998.

Por ello el fiscal solicitó 11 años de cárcel al igual que para el principal comercial de Gescartera, Aníbal Sardón, quien se lucró de fondos de los clientes por importe de cerca de 500 millones de pesetas (aproximadamente 3 millones de euros), y para quien se han solicitado además otros cinco meses de prisión o multa de 72.120 euros.

Para Pilar Giménez Reyna, Francisco Javier Sierra de la Flor, y Miguel Ángel Vicente, en su momento presidenta, apoderado, y jefe de mantenimiento de Gescartera, respectivamente, el fiscal solicitó 8 años de prisión por el delito de apropiación indebida.

También fueron acusados de apropiación indebida Agustín Fernández Ameneiro, Laura García Morey, Angeles Leis, Julio Rodríguez Gil e Inmaculada Baltar, para los que ratificó, al inicio del juicio, una pena de 6 años de cárcel.

Por último, para Carlos Ortín Barrón, José Alfonso Castro Mayoral, y Carlos Prats solicita 3 años de prisión por considerarlos cómplices de apropiación indebida.

Otro de los puntos que centrarán mañana la atención del juicio será la petición para que se considere responsables civiles directos a las sociedades Gescartera Dinero AV y Gescartera Gestión SGIIC, Gescartera Dinero SGC, Bolsa Consulting Madrid, Bolsa Consulting, Breston, Promociones Andolini, Gescartera Pensiones EGFP, BC Fisconsulting y Asesoría y Gestión de Patrimonios.

En su día, el ministerio público pidió que se condene a estas sociedades como responsables civiles, así como a doce de los acusados -excluye a los dos empleados de La Caixa-, para que éstos devuelvan solidariamente a cada uno de los clientes de Gescartera el dinero que tenían antes de que la agencia fuera intervenida.

Por si estas personas no fueran solventes para hacer frente al pago de esas indemnizaciones, el fiscal reclamó al juez que designe a Caja Madrid Bolsa como responsables civiles subsidiarios.

Además, según el ministerio público, debería condenar como responsables civiles por importe de 26,37 millones de euros a los ex directivos de la oficina de La Caixa en Majadahonda (Madrid) Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, y a la propia entidad como responsable subsidiario. EFECOM

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