Acciones contra la SGAE: un éxito de 'El Economista'

Lo único lamentable de la expeditiva actuación de la Fiscalía Anticorrupción contra la SGAE en el día de hoy es el gran retraso con que la Justicia ha reaccionado a unas denuncias que se produjeron hace casi tres años y que se residenciaron precisamente en El Economista. Porque fue este periódico el que reveló por primera vez a la opinión pública los abusos que se estaban cometiendo en la Sociedad de Autores, un organismote gestión de derechos de autor que por ley no puede tener ánimo de lucro y que sin embargo era presuntamente el eje de jugosos negocios privados en sociedades cuyos principales accionistas eran los altos directivos de la SGAE y sus familiares y amigos.

El 13 de julio de 2007, El Economista denunciaba en su primera página que la Sociedad Digital de Autores y Editores, S.L., (SDAE) el "brazo tecnológico" de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) que ni siquiera tenía por aquel entonces página web en funcionamiento (su dirección en Internet llevaba meses devolviendo el mensaje 'En mantenimiento'), era el 'holding' que agrupaba una serie de empresas privadas de servicios participadas por los gestores de la SGAE: la Central Digital, que contaba como activo principal con una plataforma de venta de contenidos en la Red; Portal Latino, tienda de música en Internet presentada públicamente como propia por la SGAE; Latinergy (web de música latina), Museekflazz (web de venta de contenidos de jazz), Egrem (de música cubana)... Y también Microgénesis y Coqnet, empresas dedicadas al asesoramiento y creación de negocios en Internet, que no formaban parte de dicha estructura pero que tenían con las anteriores un punto en común además del domicilio social, en Gran Vía 36: los directivos.

En noviembre, aquellas informaciones de El Economista fueron elevadas en forma de denuncia a la Fiscalía por la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). Asociaciones todas ellas maltratadas por la SGAE.

La Justicia responde

La respuesta de los tribunales llega ahora, después de la que Fiscalía formalizase su denuncia mediante un escrito al Decanato a la Audiencia Nacional y el juez Ruz se hiciera cargo del caso. Las fuerzas de seguridad del Estado han realizado un minucioso registro y se procederá seguramente al emplazamiento ante el juez de Teddy Bautista y otros directivos, que en apariencia han hecho pingües negocios marginales a la actividad "sin ánimo de lucro" a su empresa de gestión de derechos.

Pocas lágrimas se habrán derramado en España por estas actuaciones contra una sociedad, la SGAE, que había sabido ganarse a pulso la inquina de todos y sobre la que recaían abundantes sospechas de corrupción. Todavía no puede darse por seguro tal extremo, pero ya la Justicia, lenta pero casi siempre eficaz, está en trance de poner a una vez más a todos los facinerosos en su sitio.