El ERE de Telefónica: 'coste cero' para el Estado y recorte de 6.500 empleos

Las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo de Telefónica, que esta tarde ha negociado el operador con los sindicatos, han dado un vuelco radical. Por lo pronto, el ajuste laboral tendrá coste cero para el Estado: no gravará ni un céntimo a las arcas públicas. Así lo ha confirmado el operador, y así también lo ha reconocido el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez.

Dicho esto, la compañía de telecomunicaciones asume de forma voluntaria unos compromisos que representarán un ahorro al erario público de entre 200 y 450 millones de euros, según estimaciones de fuentes sindicales.

Al mismo tiempo, el operador ha reformulado las condiciones de la regulación, reduciendo en 2.000 el número de afectados voluntarios, que ahora serán 6.500 trabajadores, y acortando el periodo de vigencia del expediente, de cinco a tres años.

Con este escenario de negociación, la compañía y los representantes sindicales han levantado hoy la primera reunión de negociación de la memoria del ERE de Telefónica. La próxima cita será el 7 de junio.

Según fuentes cercanas con las conversaciones, se propondrá a los trabajadores unas condiciones similares a las de otros ERES de la multinacional: el pago del 66% del Salario Bruto Anual hasta los 61 años, mientras que para los mayores de 61 años se incentivará con el 34% de su actual retribución. Como novedad, Telefónica también se hará cargo íntegramente de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores hasta la edad de jubilación, así como los dos años preceptivos de paro.

Según ha confirmado hoy el titular de Trabajo, en una entrevista concedida a la agencia Servimedia, el Gobierno "ha recibido una oferta concreta de Telefónica para hacerse cargo de los costes en el sistema de protección por desempleo" provocados por el recorte de plantilla.

En los costes públicos del ERE se incluye la prestación por desempleo durante 24 meses, cuya cantidad oscila entre los 1.087 y 1.397 euros por persona, en función del número de hijos del trabajador afectado. Telefónica también sufragará la factura de la Seguridad Social que abona el INEM por cada empleado, de un máximo de 724 euros al mes.

Durante los últimos días, fuentes de Trabajo han venido mostrando su confianza en este tipo de resolución amistosa entre Telefónica y Administración. De hecho, el operador no está obligado a semejante desembolso ya que, en función de los plazos de los trámites parlamentarios, Telefónica no resultará afectada por la enmienda presentada por el PSOE al proyecto de ley de reforma de las políticas activas de empleo.

Dicha normativa exigirá a las empresas con más de 500 trabajadores que hayan registrado beneficios en los dos últimos años a realizar una aportación económica al Tesoro Público para compensar el menoscabo que ello supone en el sistema de protección social.

Por su parte, el sindicato UGT se ratificó la semana pasada en su objetivo de que el importe de la reducción de la plantilla en España se traduzca en creación de empleo.

Hay que concretar el mecanismo

En la misma entrevista, Gómez ha añadido que todavía quedan algunos "problemas" que resolver, principalmente el mecanismo que se utilizará para compensar el coste del ERE al sistema de protección por desempleo.

En este sentido, Gómez ha apuntado que, en el caso de Telefónica, podría aplicarse el modelo que emplea la banca, es decir, "externalizar las obligaciones de pago con los trabajadores, que no pasan por el sistema de protección por desempleo, acordando unas condiciones y haciéndose cargo del pago de sus retribuciones".

No obstante, el ministro reitera que, independientemente del modelo que se elija, la compañía deberá cubrir estos costes. Gómez considera que la exigencia del Gobierno es "razonable", ya que el perjuicio que estos expedientes tienen sobre el sistema de protección por desempleo "es importante", sobre todo en los casos de personas con más edad que no van a buscar un nuevo empleo.