La solar debe gastar 100 millones para adaptarse a las caídas de tensión

El Ministerio de Industria vuelve a poner contra las cuerdas al sector fotovoltaico. Tras la reducción de primas y el hachazo de 2.200 millones en tres años, que le colocaron como la tecnología más penalizada, ahora se suma la exigencia de desembolsar de una vez 100 millones de euros para adaptar las instalaciones con el fin que soporten los huecos de tensión y no haya caídas en la red.

El sector fotovoltaico se encuentra así en un callejón sin salida por varios motivos. Para empezar, ha habido una descoordinación en la regulación y los plazos, lo que hace prácticamente imposible cumplir con este requerimiento que está incluido en el Real Decreto 1465/2010 por el que se recortaron las primas hasta un 45% para estas tecnologías. Según la norma, las plantas existentes tienen que estar adaptadas el 1 de octubre de este año a los nuevos requisitos y afecta a las plantas mayores de 2 megavatios, es decir, más del 70% del parque fotovoltaico.

Por su parte, las plantas que se pongan en marcha a partir del 30 de junio de 2011 deben estar preparadas para soportar los huecos de tensión, pero hasta este momento no se ha detallado el procedimiento, con lo que a un mes vista difícilmente podrán hacerlo.

El problema es que la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) no había podido hasta ahora acreditar a ningún laboratorio o entidad para que certificara este cumplimiento en las instalaciones fotovoltaicas, es decir, los titulares de las plantas no han podido hacer nada para certificarlas y empezarán a partir de ahora, pero nadie ha modificado su instalación porque no había forma de comprabarlo.

La razón ha sido la demora de tiempo en la que se ha incurrido para elaborar un Anexo Fotovoltaico al Procedimiento de Verificación, que siguen los eólicos, ya que en 2007 se obligó también a esta tecnología a adaptar sus instalaciones. Esta metodología se envió al Ministerio de Industria y éste la ha devuelto recientemente para su aceptación tácita, pero en este momento el sector cree que las instalaciones no estarán listas para octubre.

La sanción: quedarse sin tarifa

La penalización por no cumplir con este requerimiento no es baladí, dado que conlleva quedarse sin tarifa y es imposible hacerlo antes de que finalice el plazo establecido, pues en algunos casos tienen tan sólo un mes para adaptarse. De hecho, el borrador de Real Decreto de conexión de instalaciones de pequeña potencia lo amplía tres meses, pero ese decreto aún no está publicado porque la Comisión Nacional de la Energía lo está estudiando y, en cualquier caso, esa prórroga sigue siendo escasa.

Por ello, el sector ha propuesto al Ministerio de Industria que el plazo en el que las instalaciones deban estar adaptadas sea enero de 2013.

De momento, no ha habido respuesta de la Administración de tal forma que la asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la obligación de cumplir con este requisito, dentro del recurso presentado contra el Real Decreto de recorte de primas.

Equipos de telemedida

Otro de los problemas que se presenta es la instalación de equipos de telemedida y la adscripción a un centro de control porque su coste, igualmente sobrevenido y sin compensación, oscila entre 6.000 y 9.000 euros por megavatio nominal, es decir, un total de 22 millones más para el conjunto de instalaciones afectadas.

Según datos de Red Eléctrica, sólo el 3% del parque fotovoltaico español le remite los datos en tiempo real, frente al 98% de la eólica, el 100% de la termosolar o el 41% de la minihidráulica. Aquí también hay un problema de plazos, que el sector ha pedido ampliar.