Colonial reclama a Luis Portillo más de 300 millones por inflar activos

Los accionistas de la compañía, la banca acreedora, han interpuesto una denuncia para reclamar 308 millones de euros por daños y perjuicios a Luis Portillo, su mujer María Jesús Valero, sus sociedades patrimoniales Tersina y Quetro y el ex consejero delegado de la promotora, Mariano de Miguel.

Los hechos se remontan a 2006, cuando Colonial adquirió dos fincas conocidas como Las Salinas I y Las Salinas II en Roquetas de Mar (Almería), participaciones de la sociedad patrimonial Notenth, un hotel en Mojácar (Almería) y otro en Sancti Petri (Cádiz). "En 2006, obligaron a Colonial a comprar humo y no existe limpieza en las operaciones", asegura el letrado que defiende los intereses de Colonial.

Pacto entre accionistas

De esta forma, según sus declaraciones en el juzgado de lo mercantil, Las Salinas I tiene el plan de urbanización en suspenso, cuando en teoría esa era la venta de un terreno en el que se podía construir. En el caso de la Salinas II el problema es que hay menos terreno para construir del declarado. El hotel de Mojácar, que se vendió como terminado, lo cierto es, según el letrado, que el vendedor no ha cancelado la hipoteca y el inmueble todavía no ha sido entregado. En el apartahotel de Sancti Petri, los letrados de Colonial aseguraron a la juez que pagaron 17 millones de más. "¿No es esto un daño?", se preguntan.

Los representantes de Portillo, su mujer, sus sociedades patrimoniales y el exconsejero de la firma aducen, sin embargo, que no se hizo ningún daño a la inmobiliaria con las operaciones que aprobaron sus representados, ya que el dinero obtenido por éstos como vendedores, lo revertieron en la promotora y sus representados recibieron acciones. Aseguran, así, que actuaron conforme a la ley y que este proceso judicial se sigue "en beneficio de algunos accionistas que ya se han repartido el botín que solicitan por daños y perjuicios entre ellos". Su pregunta es, "¿por qué se pide dos años después de los hechos la responsabilidad y no se reconoció ni en 2006 ni en 2007?".

José Manuel Otero, representante de Portillo, su mujer y sus sociedades patrimoniales, aseguró al tribunal que no se puede decir que hubo daño patrimonial cuando sus defendidos "lo apostaron todo y lo perdieron todo a favor de los poderosísimos bancos que ahora son los accionistas".

Documento secreto

Con ese argumento, el abogado intentó ayer dirigir a la juez hacia lo que él considera el fondo de la cuestión: conocer en base a qué surge esta denuncia.

Tanto él como Juan Sánchez Calero, que representa al ex consejero delegado Mariano de Miguel, explicaron a la juez que la banca acreedora puso como condición para refinanciar la deuda de Colonial que se demandase a los anteriores propietarios por daños y perjuicios por sus movimientos.

Solicitaron a la juez que Colonial aportase todas las actas de las juntas celebradas desde el 30 de junio, cuando se aprobó la refinanciación, hasta el 27 de abril, así como los principios básicos de la reestructuración de la deuda que se decidió en febrero de 2010. El objeto de esta petición es encontrar un documento, que los letrados denominanan "secreto", en el que los actuales accionistas se reparten los 308 millones que solicitan por responsabilidad social. "Es eso reestablecer los daños ocasionados en la promotora?", se preguntan los letrados.

A pesar de la negativa de Colonial a presentar toda esta documentación, finalmente la juez ha considerado que eran necesarias todas las actas y acuerdos alcanzados para poder responder a las pretensiones de los abogados de Portillo y el exconsejero delegado sobre su sospecha.

Otro de los temas conflictivos que se trataron ayer en la vista previa al juicio, fijado para febrero de 2012, fue el tema de las valoraciones. Colonial cree que el daño que se le ha hecho es uno por la sobrevaloración y otro por el estado en el que estaban esos terrenos. La otra parte en litigio considera que Colonial realiza valoraciones en función de sus propios intereses y puso como ejemplo el triple precio que la propia inmobiliaria ha realizado sobre la finca Las Salinas II. El terreno vale en este proceso 103.000 euros, en otro tribunal se ha fijado en 58 millones y en las memorias de la sociedad figura por algo más de 60 millones. Finalmente, se realizará una valoración por el perito independiente que fije el juzgado.