El Gobierno da más poder a la banca para impulsar la viabilidad empresarial
- Intenta fomentar la viabilidad con alternativas como la refinanciación de deuda
El Consejo de Ministros ha acordado hoy remitir al Parlamento el proyecto de reforma de la Ley Concursal, que permitirá que la banca pueda imponer acuerdos de refinanciación de deudas y favorecerá la aportación de liquidez a empresas en dificultades, con el objetivo de frenar los concursos de acreedores.
El proyecto, cuyos principales detalles fueron adelantados en diciembre, no ha modificado sin embargo la regulación de los concursos de acreedores de particulares, pese a las recomendaciones que hizo oficialmente en febrero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las peticiones de numerosos expertos.
El Ministerio de Justicia destaca que la nueva normativa "configura el concurso de acreedores como una segunda oportunidad", ya que intenta fomentar la viabilidad de las empresas con alternativas como las refinanciaciones de deudas.
¿Qué opinan los expertos?
"Las modificaciones resultan beneficiosas porque hasta el momento el concurso de acreedores ha derivado en la liquidación de más del 90% de las empresas que se acogen al procedimiento", señala la abogada de PricewaterhouseCoopers Teresa Ramos.
No obstante, el socio de Jausas Agustín Bou cree que se ha perdido la oportunidad de regular verdaderos acuerdos preconcursales, como en otros países europeos, donde se fomenta la negociación de planes de pagos bajo intervención judicial.
En esa misma línea se pronuncia el presidente del REFOR, Leopoldo Pons, que cree que, salvo ajustes y mejoras técnicas, el modelo para intentar fomentar la viabilidad de las empresas no ha cambiado, pese a los fracasos registrados hasta el momento.
La reforma de la Ley Concursal intenta profundizar en el camino de acuerdos preconcursales, al permitir que una mayoría de entidades financieras pueda imponer al resto un acuerdo de refinanciación de deuda, con lo que se evitan así las minorías de bloqueo que han llevado a muchas sociedades al concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
Esa imposición al resto de acreedores, que no podrá contemplar "sacrificios desproporcionados" y deberá ser homologada por un juez, exigirá en cualquier caso el apoyo de acreedores financieros que ostenten el 75% de las deudas bancarias y que un experto certifique la viabilidad de la sociedad.
El proyecto de ley también regula por primera vez el llamado "dinero fresco", con el objetivo de que las entidades financieras y los acreedores concedan nueva financiación a las empresas en dificultades en el marco de un acuerdo de refinanciación de deuda.
Así, el 50% de esas aportaciones de liquidez tendrán prioridad en el pago si la sociedad llega a entrar en concurso de acreedores, "lo que supone la mayor garantía para las entidades financieras que concedan nuevos créditos para reflotar las empresas y un elemento más en la evaluación de la concesión de crédito", ha afirmado Justicia.
Con el fin de reducir tiempos y costes del proceso concursal, se prevé que el juez pueda aplicar el procedimiento abreviado cuando crea que el concurso reviste escasa complejidad o cuando el deudor presente una propuesta anticipada de convenio o de plan de pagos, o bien un plan para transmitir la empresa o cesar la actividad sin trabajadores a su cargo.