Condenado a dos años de prisión un testaferro de Nueva Rumasa
La situación de incertidumbre que viven todos los acreedores de Nueva Rumasa se debe, en su mayor parte, al desconocimiento absoluto de un conglomerado que se avala entre sí y que utiliza propiedades y derechos de cobro de unas compañías para salvar a otras a pesar de no presentar cuentas consolidadas.
Eso es lo que cree la justicia y el motivo por el que un testaferro de Nueva Rumasa fue condenado en diciembre de 2009 -aunque la sentencia, a la que ha tenido acceso elEconomista, no ha trascendido hasta ahora- a una pena de dos años y seis meses de prisión y a una multa de 1.800 euros por el delito de insolvencia punible por la Audiencia Provincial de Madrid.
El magistrado Miguel Hidalgo considera probado que el administrador único de la sociedad Nueva Comarcal de Reus, "testaferro u hombre de paja de la maquinaria Nueva Rumasa", adquirió otra sociedad, Cooperativa Comarcal de Avicultura, con el aparente objetivo de mantener la actividad y hacerse cargo de los activos y las deudas. Realmente, lo que hizo sin embargo fue despatrimonializarla, traspasando los inmuebles a otra empresas de Rumasa, Alborada Patrimonial, por 1.251 millones de pesetas (7,5 millones de euros).
La mitad quedó retenida para hacer frente a las cargas hipotecarias y el resto se acordó en pagar en diez mensualidades. El problema es que posteriormente Alborada vendió a terceros -Edicru y Boncru- una fábrica de piensos y un matadero por 650 millones de pesetas (3,9 millones de euros), ocultándoles el "vaciamiento patrimonial", según el juez.
El auto hace referencia en concreto a uno de los compradores, que pese a su gran experiencia en el sector alimentario, fracasó en su intento de reflotar la empresa, "dada la carencia de recursos financieros y falta de crédito de la sociedad a la que se descapitalizó y vació patrimonialmente, dejándola abandonada a su suerte en el procedimiento primero de suspensión y luego de quiebra".
Ocho días después de llevar a cabo esa venta, el testaferro de Nueva Rumasa solicitó la suspensión de pagos de Nueva Comarcal de Reus, calificada más adelante, en 2004, la quiebra de "fraudulenta" por el juzgado a petición del fiscal. El magistrado considera probado así que Nueva Rumasa realizó un "expolio" y que utilizó para ello a un hombre de paja o testaferro.
Un complejo entramado
Damián Vázquez, letrado del bufete Vázquez Abogados, representante de varios acreedores y bonistas de Nueva Rumasa, considera que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, "refleja en parte lo que sucede en este momento, en el que también existe falta de pago, avales de unas empresas a otras y un complejo entramado empresarial, por eso ha decidido nuestro bufete hacerse eco de esta sentencia".
Francisco José García Martín, representante legal de Rumasa y abogado del administrador único de Nueva Comarcal de Reus, insiste, por su parte, en que "no debemos nada y por eso no se pide responsabilidad civil ya que pagamos todo lo que debíamos".
Ayer se supo además que el fiscal de la Audiencia Provincial de Tarragona ha pedido tres años y medio de prisión para José María Ruiz-Mateos hijo, consejero delegado de Nueva Rumasa, y algunos de sus socios en otras compañías por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil y ha solicitado, además, la apertura de juicio oral.
Embargos y demandas
Nueva Rumasa tiene por otro lado cada vez más difícil la venta de su negocio hotelero. Santander y CajaSur han iniciado el procedimiento judicial para efectuar la ejecución hipotecaria de dos hoteles de Nueva Rumasa en Canarias, según indicaron a Europa Press fuentes cercanas a la operación.
Y a todo ello hay que sumar varios procesos judiciales abiertos por presunta estafa que salpican a las sociedades que gestionan el resto de hoteles.