Admitida querella por irregularidades urbanísticas en Villanueva de la Cañada

Madrid, 1 oct (EFECOM).- El Juzgado Número 2 de Móstoles admitió hoy a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto, el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP), y otras cuatro personas, por presuntas irregularidades urbanísticas en ese municipio.

El fiscal sostiene en la querella que hay indicios de que Enrique Porto pudo haber cometido delitos de "prevaricación", "tráfico de influencias" y "negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios", al utilizar presuntamente su cargo para tramitar un planeamiento urbanístico que produjo beneficio económico a su mujer.

Enrique Porto dimitió el 3 de octubre de 2006, para -según dijo entonces- "defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad", tras diversas acusaciones del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), entre ellas que había utilizado su cargo para dar un "pelotazo" urbanístico en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada.

La querella, que tiene su origen en la denuncia que presentaron el 7 de noviembre de 2006 los diputados autonómicos socialistas Ruth Porta y Modesto Nolla, se refiere a la aprobación del Plan Parcial del Sector I "Los Pocillos" de dicho municipio, cuando Porto era director general de Urbanismo.

Según el fiscal, la aprobación de ese plan (año 2004) -que contaba con informes técnicos en contra- produjo un beneficio económico millonario, entre otros, a la mujer de Porto (casada con él en régimen de gananciales) y al arquitecto redactor del plan.

Además, el fiscal acusa a la arquitecta municipal y esposa del alcalde Luis Partida, Juana María Manrique, de "enmascarar como recibos de colaboración" los pagos que recibía el redactor del plan, José María Fernández del Río, de promotores y constructores de la localidad.

La querella imputa al dimitido Enrique Porto, al alcalde Luis Partida, a José María Fernández del Río (redactor del plan), a Juana María Manrique (arquitecta municipal y esposa del alcalde), y a José Gil Granizo y Luis Francisco Arrabal, ambos ingenieros municipales.

Como medida cautelar, el fiscal solicita en su escrito una cuantía de fianza para cada uno de ellos de 50.000 euros. EFECOM

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