La polémica intervención de urgencia para sanear las cajas
Salgado tuvo que trazar un plan para capitalizar el sector y acabar con el caos de la semana pasada. El sector y el BdE no lo comparten.
El plan de recapitalización de las cajas es tan polémico como precipitado. No ha habido consenso y ni siquiera el Gobierno tuvo a bien intentar negociarlo antes de anunciarlo a bombo y platillo el lunes.
Lo único claro que hay es que la actitud del Gobierno se debe al caos y la incertidumbre de la semana anterior. Los temores a un repunte de la prima de riesgo de nuestro país y a la vuelta a la especulación sobre la situación del sector financiero hizo que el Ministerio de Economía tomara una decisión unitaleral, que no es compartida ni por el sector ni por el Banco de España.
En los días previos, el Ejecutivo fue incapaz de acercar posiciones entre el organismo regulador y las cajas, mientras los rumores no paraban de apuntar hacia direcciones opuestas creando una atmósfera de confusión.
El Banco de España insistía en la necesidad de modificar la ley para obligar a todas las cajas a convertirse en bancos. Pero Elena Salgado, que estaba de acuerdo con el regulador, tenía dudas porque ni el PP ni la mayor parte de los partidos de la oposición (CiU, principalmente) querían oír hablar de un cambio de tal magnitud.
Los planes del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez se vinieron definitivamente abajo a partir del miércoles de la semana pasada, cuando el consejo de la CECA tomó la determinación de defender a capa y espada el mantenimiento del modelo histórico de las cajas para aquellas entidades que así lo quisieran y, por tanto, oponerse de manera tajante a una modificación legal tan sólo medio año después de la reforma normativa llevada a cabo con consenso.
Fainé amenazó con dimitir
Horas después del consejo, Fainé se reunió con Salgado y tras una conversación tensa, el presidente de la CECA amenazó con dimitir de su cargo si el Gobierno imponía la transformación de todo el sector en bancos. La advertencia de Fainé fue clara y cobra mayor importancia, porque fue la vicepresidenta segunda del Gobierno quien le llamó en abril para reclamarle que accediera al puesto que iba a dejar Juan Ramón Quintás en la patronal.
El máximo responsable de la CECA no sólo defendía al sector, sino el proyecto que tenía en marcha La Caixa, por el que se convertirá en banco sin perder su estatus de caja a través de un modelo mágico.
La amenaza de Fainé y la falta de apoyo político llevó al Ministerio a cejar en su empeño de sacar adelante una reforma de la ley, a pesar de la disconformidad y enfado del Banco de España. Pero no tenía claro cómo iba a arreglar el problema del saneamiento de las cajas.
Espiral de incertidumbre
En los días sucesivos la espiral de incertidumbre fue creciendo en torno al sistema financiero español. Cada día las informaciones eran cada vez más dispares y los analistas no dejaban de publicar informes en los que se resaltaban las necesidades de capital. Distintos bancos de inversión apuntaban que las cajas tenían un agujero de entre 40.000 millones y 80.000 millones de euros por el deterioro de sus activos y las inversiones inmobiliarias fallidas.
Durante todo el fin de semana la incertidumbre fue en aumento, lo que obligó a Economía a tomar las riendas de la situación. Quería poner coto a las tensiones, máxime cuando por entonces la reforma de las pensiones estaba encauzada, pero no cerrada, y la visita de Angela Merkel estaba próxima. El jueves vendrá la canciller alemana y mantendrá encuentros con el presidente Rodríguez Zapatero, el Rey Don Juan Carlos y un grupo de empresarios para analizar la situación de nuestro país.
Entonces el equipo de Salgado se puso manos a la obra para definir una hoja de ruta improvisada. Había escuchado al Banco de España los mensajes sobre la necesidad de que las cajas tuvieran más capital. El gobernador ya había recomendado a distintas entidades que aumentaran sus niveles de solvencia, pero en ningún momento puso cifra alguna.
Además, el Ejecutivo tenía sobre la mesa el plan de Basilea III, por el que se obliga a las entidades a aumentar progresivamente sus recursos propios básicos hasta el 8 por ciento desde 2013 hasta 2019. Blanco y en botella, se debió pensar en Economía.
Habían encontrado la fórmula para meter en vereda a las cajas: adelantar el calendario a septiembre de 2010. Y si éstas no quieren cotizar y convertirse en bancos, su solvencia deberá ser aún mayor, entre el 9 y el 10 por ciento.
Esta idea se transformó en plan y Salgado se apresuró a anunciarlo el lunes por la tarde. El Banco de España y el propio sector se merendó unas medidas imprecisas y poco claras, cuyas consecuencias serán muy negativas, sin que fueran informados previamente. El malestar estaba servido.