La banca de inversión y los fondos desconfían del rescate de las cajas
El Gobierno anunció que las cajas necesitarían no más de 20.000 millones de euros para recapitalizarse y cumplir con las nuevas exigencias de solvencia y que el Estado estaría dispuesto a abonar esta cantidad a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) si las entidades no consiguen obtener estos recursos entre inversores privados.
La banca de inversión y los fondos de capital recelan de los planes del Ejecutivo y del Banco de España para mejorar la solvencia del sistema. Primero, por la capacidad de las entidades de ahorros para buscar inversores en el plazo de ocho meses y, segundo, por la incertidumbre de nuestro país para poder emitir en solitario y sin garantías europeas.
Escepticismo
Las cajas ya están sondeando a los fondos de capital riesgo. Estas entidades aseguran estar recibiendo mensajes sobre si podrían estar interesados en entrar en el accionariado de estas entidades, lo que acogen con escepticismo ya que este tipo de inversión no pertenece a su core business.
De hecho, la presidenta de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (Ascri), Maite Ballester, explicó a elEconomista que la cajas carecen de suficiente atractivo para captar interés de futuros inversores. El problema es la incertidumbre regulatoria sobre cómo se va a articular el accionariado. También existen impedimentos legales a la entrada de fondos de capital privado, a lo que hay que añadir la dificultad para adquirir mayorías en el accionariado de estas entidades.
En la misma línea se pronunció Eduard Saura, socio director en España de la firma Accuracy, para quien el problema es que la inmensa mayoría de participaciones son muy minoritarias (inferior al 15 por ciento) y en sociedades no cotizadas de tamaño medio y ámbito geográfico de actuación regional, por lo que son muy poco atractivas para el capital riesgo. "Y cuando hay alguna perla, los inversores se topan entonces con objeciones de carácter político, porque suelen ser empresas importantes en la región".
Por su parte, el fondo MCH, que se ha decantado por diversificar su cartera para sortear la crisis, tampoco ve claro que el capital riesgo sea la salvación de las cajas, aunque cree que en este proceso tendrá una gran relevancia los test de estrés que se prevén para finales de junio, en tanto que pueden variar de forma considerable las valoraciones de las empresas.
Además, hay que tener en cuenta que los fondos españoles tienen en sus estatutos una cláusula que establece la limitación para que instituciones entren en entidades financieras, ya que detrás de estos inversores suele encontrarse el propio sector financiero, para quien no tiene mucho sentido destinar un fondo a la adquisición de su propia caja o de otros competidores.
Interés en activos
Otra cuestión son los activos de las cajas, así como su cartera industrial, de la que están muy pendiente todo el mundo, como fondos, boutiques o corporaciones desde hace varios años, porque la expectativa de una oleada de desinversiones existe desde por lo menos 2008, añade Saura de Accuracy.
En este sentido varios fondos han confirmado a elEconomista este interés, principalmente fondos internacionales como 3i, KKR, Coller Capital, Permira, Blackstone o Advent, que recientemente ha adquirido la tasadora Tinsa a la Confederación de Cajas de Ahorro, y que tiene pendiente ganar más tamaño en España.
Por tanto, antes las cajas tendrían que despolitizarse y también ceder más del 50 por ciento de su capital a inversores privados. El Banco de España está en esta posición, pero se está encontrando con la oposición de las propias entidades y de las autoridades regionales.
En el caso de que no consigan atraer socios, será el Frob quien deposite el dinero que necesitan para cumplir con los requisitos de solvencia básica, que ascenderá al 8 por ciento. Pero el Ejecutivo podría encontrarse con un problema de financiación para rescatar a las cajas más débiles a partir de septiembre. La banca de inversión está recomendando con insistencia que el grueso de la deuda que emita el FROB tenga mayores garantías; es decir, que los bonos estén respaldados por avales europeos a través del llamado fondo de rescate de 750.000 millones.
Según ha podido saber este periódico en fuentes financieras, los cuatro principales bancos de inversión extranjeros que operan en España (UBS, Citi, JP Morgan y Barclays) han trasladado este mensaje en las últimas semanas tanto al supervisor como al entorno del Ministerio de Economía.
¿Caso irlandés?
El FROB hasta ahora emite con garantías del Estado español, pero las firmas de inversión temen por la solvencia de la deuda española ante la incertidumbre de la economía, tras el rescate de Irlanda y que el caso español sea parecido.
El consejo de la banca de inversión conlleva una complicación y llevaría al Gobierno de Rodríguez Zapatero a unas duras negociaciones con los socios europeos, que serían en último término quienes impondrían una serie de condiciones para aprobar una medida de este calibre.
Algunos informes de analistas han apuntado en esta dirección. La semana pasada Bank of America dejaba abierta la posibilidad de que a ese dinero no sólo proveniera del FROB o estuviera únicamente respaldado por las garantías españolas, sino también del fondo de rescate europeo como ocurrió con los bancos irlandeses.
Por el momento y hasta que el Gobierno mueva ficha en Bruselas, el FROB ha dado mandato a una serie de bancos españoles y extranjeros para endeudarse y aprovechar la ventana de liquidez abierta en los mercados en la actualidad. La colocación de estos fondos rondaría entre 3.000 y 5.000 millones y está dirigida por Citi, HSBC, RBS y Santander, entre otros.
El fondo de reestructuración público cuenta a día de hoy con 400 millones, gracias a los fondos captados en el pasado, y una línea de crédito de 3.000 millones.
Para este año su capacidad de endeudamiento asciende a 21.000 millones, según lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio. No obstante, la ministra podría modificar las cuentas públicas y elevar la cantidad que se destinaría al saneamiento del sistema financiero.