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¿Dónde está el paraíso de Camacho? Hoy comienza el juicio Gescartera



    Han pasado ya seis años y todavía es un misterio donde está el tesoro desaparecido de Gescartera. El mayor escándalo financiero ocurrido en España durante el Gobierno del PP salpicó a la CNMV. Más de cuatro mil pequeños y medianos inversores (políticos, militares, obispos, financieros…) vieron como se evaporaron más de 50 millones de euros, en concreto 50.220.998,53 euros.

    Detrás de todo este enigma aparece una figura que se hizo muy popular, el presunto cerebro de Gescartera, Antonio Camacho. Él era el dueño de la agencia de valores, y desde hace tres años se encuentra en libertad bajo fianza de 300.000 euros.

    Desde entonces, no le ha ido nada mal. Camacho cuenta con un precioso chalet en Boadilla del Monte y ha vuelto a constituir una nueva sociedad, tal y como desvela esta semana la revista Tiempo. Pero de dónde ha salido el dinero para esas operaciones.

    Con ayuda del FBI

    La Policía judicial española solicitó ayuda al FBI para desvelar el misterio y poder rastrear la pista de los 50 millones de euros (8.370 millones de pesetas de las antiguas pesetas) desaparecidos de Gescartera, a través de sociedades opacas en Estados Unidos, por si gran parte de ese dinero se desvió al paraíso fiscal de las islas Caimán en el Caribe. A los investigadores policiales les llamó la atención que Camacho, aparte de las sociedades para operar en Jersey, creara en Estados Unidos las sociedades fiduciarias (instrumentales) Robert L. Murells Investment y Martin Investment domiciliadas en la ciudad de Newark en el Estado de Delaware, uno de los pocos de la Unión que disfruta de exenciones fiscales.

    Murrell Investment fue constituida el 16 de noviembre de 2000 y Martin Investment el 24 de mayo de 2001, apenas dos meses antes de que la agencia de valores fuera intervenida el 15 de julio de ese mismo año.

    Uno de los datos que más llamó la atención era que todo el dinero de la Iglesia depositado en la agencia de valores fue a parar a diversos paraísos fiscales. Más de los 2.000 millones de las antiguas pesetas, que instituciones y organismos religiosos invirtieron en la agencia de valores terminaron en diversos paraísos fiscales, según informes elaborados en su momento por la propia CNMV.

    Pista perdida

    Lo único cierto es que la Policía Judicial y el FBI perdieron la pista de los más de 50 millones de euros en las islas Caimán. Después el rastro se desvanece entre diferentes paraísos fiscales.

    La Brigada de Investigación de Delitos Monetarios perteneciente a la Comisaría General de la Policía Judicial (apoyada en datos del propio Ministerio de Hacienda) pusieron entonces en las islas Caimán su punto de mira. En el momento que estalló el escándalo, las Caimán eran el lugar donde se declararon más activos a través de personas jurídicas (sociedades) españolas en el 2000, más de 80.000 millones de las antiguas pesetas, (unos 480 millones de euros) en los cerca de 600 bancos que poseen estas islas. Las fuentes policiales ya aseguraron que los activos no declarados, es decir opacos al fisco español, triplicaban la cantidad anteriormente señalada. Una parte de esa cantidad correspondía al tesoro perdido por los cuatro mil inversores de Gescartera. Este paraíso fiscal ,bajo la autoridad del Reino Unido, fue donde la policía federal norteamericana rastreó parte del "dinero negro" colocado por la agencia de valores, al igual que Jersey y Man en el Canal de la Mancha. Lugares considerados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como uno de los principales países del mundo donde recalan los fondos opacos a Hacienda.

    Dos hipótesis

    Las investigaciones judiciales manejaron en su momento dos hipótesis de trabajo para explicar la desaparición de estas inversiones en la agencia de valores. La primera, que el hólding Gescartera invirtiese aparentemente sólo parte del dinero de sus clientes en acciones de Bolsa, dentro y fuera de España. La segunda hipótesis sobre la que trabajó la Brigada de Delitos Monetarios, más difícil de demostrar al tratarse de activos no declarados, fue la cuantía del dinero sacado de España con intención de eludir el pago de impuestos a Hacienda y quienes son los titulares de este patrimonio.

    Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores, creó las sociedades Stock Selection y Euroinvestment ubicadas en el paraíso fiscal de Jersey para ocultar "dinero negro" de sus clientes. Para fuentes cercanas a la investigación policial el supuesto montante de la "caja B" de Gescartera en paraísos fiscales duplicaba con creces a los activos declarados.

    Dinero negro

    Existía la sospecha de que Antonio Camacho pudo ser alertado desde alguna instancia con acceso a "información privilegiada" de que su agencia de valores estaba siendo investigada y podía estallarle en las manos. Esta suposición cobró fuerza porque días más tarde, el 3 de agosto, el propio encarcelado reconoció ante la juez Teresa Palacios de la Audiencia Nacional que instruyó el caso que "el dinero se encontraba en varias sociedades opacas en Estados Unidos".

    La Policía intentó conocer, sin éxito, si era cierto que dichas inversiones, valoradas en su momento en 17.000 millones de pesetas (102 millones de euros), por el propio informe de Gescartera a la CNMV, se encontraban al otro lado del Atlántico y solicitó ayuda al FBI.

    La Brigada de Delitos Monetarios alertó del incremento de operaciones financieras de origen español en los bancos de paraísos fiscales como el citado de Jersey, las Islas Caimán y Bahamas, territorios bajo la autoridad del Reino Unido. Según la documentación judicial el principal acusado Antonio Camacho era dueño, además de las ya citadas, de las sociedades patrimoniales Inversiones Colombo, Promociones Andolini, Dacna y Colombo, Breston y Line Investment, todas constituidas en España y dedicadas al sector de la construcción y promociones inmobiliarias.

    Las investigaciones policiales señalaron que entre los clientes que tenían cuentas opacas en Caimán y Jersey se encontraban empresarios, instituciones religiosas, representantes del cuerpo diplomático, altos mandos de la Armada, políticos y extranjeros residentes en España.