España destinará 1.078 millones en 2011 al plan del carbón
La mayor parte de los fondos, 789,39 millones de euros, se destinarán a financiar el plan de reconversión para el sector del carbón que permita reducir la actividad y elaborar planes de desarrollo alternativo de las zonas mineras, según el documento.
El objetivo del plan - llamado Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, para el periodo 2006-2012 - es mantener una reserva estratégica de carbón que permita garantizar la continuidad del sector.
Sin embargo, en un momento de elevada tensión y protestas en las comunidades mineras del norte de España por la supervivencia del sector en el medio plazo, prevé que continúe la reducción de actividad y el cierre de explotaciones que califica de "inviables".
"Por un lado, se mantendrá una reserva estratégica de carbón nacional que, garantizando la continuidad del sector, permita la continuación del actual proceso de reducción de actividad y cierre de las explotaciones inviables en las circunstancias actuales y previsibles de los mercados", según el documento.
Un día después de que Bruselas aprobase el plan de apoyo al carbón español elaborado por el Gobierno que da aire al sector hasta 2014, el Ejecutivo prevé fomentar un desarrollo alternativo de actividad para reconvertir la previsible pérdida de puestos de trabajo.
"Por otro lado, (que el plan) asegure un verdadero desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras que solucione satisfactoriamente el problema de los trabajadores y proporcione puestos de trabajo que compensen la destrucción de empleo que genera el declive del carbón", añadió el documento.
Los mineros españoles han protagonizado fuertes protestas -marchas pacíficas, encierros, corte de carreteras, huelga de hambre- en un intento de lograr soluciones para un sector que produce un carbón más caro, más contaminante y de peor calidad que el mineral importado.
El plan de ayudas del Ejecutivo aprobado por Bruselas favorece el uso por parte de las eléctricas del carbón nacional, una medida que podría tener un coste de hasta 600 millones de euros al año, según analistas.
Sin embargo, el sector del carbón español deberá cumplir a partir de finales de 2014 con la orden de Bruselas de cerrar las instalaciones que no cumplan con los requisitos medioambientales pertinentes.