Ley que crea servicios mínimos en el transporte inicia trámite parlamentario

(incluye declaraciones del primer ministro)

París, 17 jul (EFECOM).- La promesa electoral del presidente francés, Nicolas Sarkozy, de establecer servicios mínimos en el transporte público terrestre dio hoy un paso más en su concreción con el inicio del trámite parlamentario de un proyecto de ley que suscita una oposición frontal de los sindicatos.

Además, el primer ministro, François Fillon, no excluyó extender el dispositivo a otros sectores, como la Educación.

"Si da resultados, no veo porqué no se ampliaría a otros terrenos, porque el objetivo es brindar de forma permanente el mejor servicio público a todos los franceses", dijo Fillon a preguntas en el telediario de la televisión "France 3".

El titular de Trabajo y Relaciones Sociales, Xavier Bertrand, encargado de defender el proyecto de ley en el Senado para ser aprobado por el Parlamento en menos de un mes por el procedimiento de urgencia, afirmó que los servicios mínimos son "un instrumento de justicia social" porque garantizan el derecho a acudir al trabajo a quienes no tienen otra alternativa al transporte público.

Bertrand intentó mostrarse conciliador ante las suspicacias que el texto genera en los sindicatos y afirmó que "el objetivo de este proyecto de ley es triple: evitar que se llegue a la huelga, evitar la parálisis a causa de una huelga y evitar la ausencia de información para los usuarios".

En la práctica, se prevé un dispositivo con una "negociación obligatoria" en casos de amenazas de paro para intentar impedir el conflicto, así como la firma de un acuerdo en las empresas concernidas (1.500 en toda Francia, empezando por la compañía ferroviaria SNCF y la entidad del transporte metropolitano de París RATP).

La segunda parte, mucho más polémica, es la organización del transporte en caso de huelga, ya que los asalariados que decidan participar en una protesta deberán declararse huelguistas con 48 horas de antelación, con el argumento de que ésa es la única manera para que la dirección pueda organizar los servicios mínimos.

Bertrand defendió esa declaración, imperativa bajo pena de sanción disciplinaria, por entender que "es absolutamente necesaria porque constituye el único medio para garantizar el derecho de información de los usuarios".

Pero al mismo tiempo se esforzó por calmar los ánimos y dijo que "seremos vigilantes con las empresas que utilicen este preaviso para hacer presión sobre asalariados huelguistas" que podrían ser condenadas a un año de cárcel y 15.000 euros de multa.

El ministro añadió que además el Ejecutivo estaría dispuesto a "garantizar más explícitamente el derecho de huelga" si durante el trámite parlamentario se proponen enmiendas para conseguirlo.

La otra disposición que levanta sarpullidos en los sindicatos es la consulta, al cabo de ocho jornadas de huelga, del personal de la empresa, para que se pronuncie sobre su continuidad con una votación por sufragio secreto para prevenir presiones.

Las principales organizaciones sindicales, cuyas posiciones fueron retomadas por los parlamentarios de izquierdas durante el debate, denuncian que el texto del Gobierno atenta contra el derecho de huelga.

Bertrand trató de hacer valer el principio de popularidad al señalar que "sabemos que del 71 al 80% de nuestros ciudadanos quieren la puesta en marcha de unos servicios mínimos en los transportes".

"El servicio mínimo no es, por tanto, una cuestión de derechas o de izquierdas, sino simplemente una cuestión de servicio público", sentenció el ministro.

Pero el Buró nacional del Partido Socialista pidió al Gobierno que retire este proyecto de ley, "ineficaz e inútilmente provocador".

El examen del texto y de las más de 80 enmiendas presentadas debe concluir en el Senado el viernes próximo, antes de pasar a la Cámara de los diputados. EFECOM

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