Juicio oral por caso Gescartera se prolongará tres meses, hasta final de año
Madrid, 15 jun (EFECOM).- El juicio oral por el escándalo financiero de Gescartera, que afecta a mas de 4.000 inversores y decide sobre una responsabilidad patrimonial superior a 52 millones de euros, se prolongará desde el próximo 17 de septiembre hasta finales de año.
Así lo indicaron a EFE fuentes jurídicas, tras la decisión comunicada hoy por la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional sobre el inicio del juicio oral contra los responsables de esta agencia de valores, que tendrá lugar en el recinto de la Casa de Campo de la Audiencia Nacional.
La Sala ha decidido reservar las instalaciones de la Casa de Campo, que han acogido otros grandes macrojuicios como el 11-M o el caso de la colza, hasta el próximo 19 de diciembre, según indicaron fuentes jurídicas.
Varias de las acusaciones populares y particulares consultadas por EFE expresaron hoy su satisfacción por el comienzo de este juicio, después de que la investigación se abriese hace más de seis años: el 14 de junio de 2001.
El principal interés de las 46 acusaciones personadas es recuperar la mayor parte del dinero invertido por los 4.000 clientes de Gescartera, que ya han podido cobrar más de 26 millones de euros en indemnizaciones por parte del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain).
Aún así, los abogados de la acusación creen, en su mayoría, que es "prácticamente imposible" recuperar en su integridad el dinero invertido por los clientes (más de 40 millones de euros), aunque piensa que lo importante, por el momento, es conseguir que del juicio salga una sentencia condenatoria.
En este sentido, consideran relevante que tanto Caja Madrid como La Caixa estén considerados, por el momento, responsables civiles subsidiarios y que se investigue el patrimonio de los catorce imputados.
"Parece ser que Antonio Camacho (para quien el fiscal pide 11 años de cárcel) lo ha incrementado en algunas de sus sociedades, pero lo ha agravado en otras", indicaron estas fuentes, quienes destacaron la importancia de que se produzcan embargos de inmuebles, en la pieza de ejecución posterior a la sentencia que podría impulsar la Fiscalía Anticorrupción.
Entre las acusaciones, figuran la asociación de consumidores Adicae, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas, la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (Mupol), Sindicato Unificado de Policía, la Organización Impulsora de Discapacitados, Manos Unidas, Fundación Once, Fundación Caldeiro, las Hermanas Dominicas, Filipenses Misioneras y el Arzobispado de Valladolid.
También está integrada por sociedades de sectores tan dispares como la construcción (Inmobiliaria Relatores 5, Inversiones Inmobiliarias Rios Rosas, Construcciones Rico), los servicios (Academia Castilla, Sociedad Anónima de Electrónica Submarina, Sociedad de Seguros Mutos Marítimos de Vigo) y la distribución (Compañía Española de Tabaco en Rama). EFECOM
na-dsp/jla