La justicia reclama a Nozar 2,9 millones que defraudó a Hacienda en una venta

La magistrado del juzgado de primera instancia número 3 de Molina de Segura (Murcia) que instruye la Operación Lila, el mayor fraude cometido con billetes de 500 euros, impuso hace unas semanas a los máximos responsables de Nozar Promobys, integrada entre otros por Juan Carlos y Emilio Nozaleda, una fianza de 2,9 millones, que corresponde a la cantidad presuntamente defraudada por la sociedad a Hacienda en una compraventa.

Según el auto al que ha tenido acceso elEconomista, la documentación que obra en poder de la juez, elaborada por la Udyco y el Servicio de Vigilancia Aduanera, los hechos sucedieron de la siguiente forma: Provisol Resort adquirió en febrero de 2005 tres inmuebles por 11,9 millones más el IVA a Congelados Élite y Marín Montejano.

A fin de conseguir ahorro fiscal y cobrar dinero negro, Provisol y Nozar Promobys simularon una compraventa de la primera a Sotos Herreros por importe de 13,2 millones más IVA. El mismo día, Sotos vende a Nozar Promobys por 20,6 millones más IVA. "Sabiendo todos que los impuestos generados en Sotos no iban a ser ni declarados, ni ingresados en la AEAT (Agencia Española de Administración Tributaria). Tales hechos pueden ser constitutivos de un delito de fraude a la Hacienda Pública" explica el auto.

Los responsables

La juez parte de los hechos ya relatados y posteriormente añade, "como ambas empresas eran conocedoras del fraude, cada uno de ellos se convierten en cooperadores necesarios en el delito fiscal cometido por la otra empresa" explica la magistrado Marta Florenciano.

La juez considera que deben responder "de forma directa" por el capital defraudado Luis Emilio Nozaleda, Juan Carlos Nozaleda, J.B y Rafael Ángel Salas como Consejeros de Nozar Promobys, su presidente, E.B , y el secretario, José Luis Iglesias. Lo mismo sucede con los dirigentes de Provisol Resort, responsables de defraudar a Hacienda 3 millones, así como con los responsables en la sombra de Sotos Herreros y el testaferro interpuesto por ambas compañías.

Se da la circunstancia de que, según los doce tomos de la investigación que obran en poder de La Verdad de Murcia, "en caso de que se abriera una inspección o investigación al respecto, el sospechoso sería el indigente a nombre de quien figuraba esa sociedad interpuesta". Un portavoz de Nozar aseguró a este diario que "demostrarán al juez que no tienen ningún tipo de responsabilidad en este asunto".

Imputados por fraude

Durante las tres horas y media que duró su declaración ante la juez negaron estar al corriente de la existencia de una sociedad pantalla en la operación y que se hubiera utilizado dinero negro. Los dos hermanos Nozaleda aseguraron que su conocimiento se reducía al importe por el que se adquirieron los terrenos, 20 millones, que es realmente lo que costó, aunque parte se pagó supuestamente en negro.

Dijeron a la juez que la compraventa no era un gran riesgo, ya que fue el presidente de Nozar Promobys el que adelantó el dinero. El tribunal decidió que ambos empresarios quedaran en libertad, sin que la juez ordenase ninguna medida cautelar contra ellos, aunque continúan como imputados por fraude fiscal.

A pesar de que la juez en el auto en el que impone la fianza a los hermanos Nozaleda, parte del conocimiento de éstos en toda la operación, si, tal y como aseguran, lograsen demostrar que no sabían que su socio había evitado pagar a Hacienda la cantidad de IVA a que estaba obligado (que simularon pagar con un cheque al portador, aunque recuperaron ese dinero inmediatamente en metálico), habrían sido ellos los estafados, ya que éste les habría hecho pagar el 50% de la cantidad defraudada.

La investigación de la compraventa realizada, en parte, por los hermanos Nozaleda, se enmarca dentro de la Operación Lila, cuya investigación acumula ya 22 imputados, entre los que se encuentran vendedores, compradores, personal de varias entidades bancarias y de la notaría, además de los intermediarios. La juez ha solicitado un total de 6,4 millones en fianzas.