El colapso de Marsans costaría 198 millones de euros a la Administración

El colapso empresarial de Viajes Marsans tendría un impacto económico de 197,8 millones en la Administración central del Estado, de acuerdo con el informe confidencial remitido por sus propietarios, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, al ministro de Industria, Miguel Sebastián.

De la cantidad descrita, 133,4 millones corresponden a gasto público en concepto de salarios e indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y prestaciones por desempleo, mientras el resto (64,6 millones) es lo que dejaría de ingresar la Seguridad Social por cuotas, IRPF, IVA, así como las deudas pendientes con la Agencia Tributaria, según informa hispanidad.com.

En el ámbito social, los dos empresarios advierten al Gobierno que el cierre de la compañía tendría consecuencias nefastas sobre 3.000 empleados, 5.000 proveedores impagados, 102.000 clientes y decenas de miles de ciudadanos que ya han contratado los servicios de la agencia. En el escrito remitido también se detalla que las demandas recibidas importan 65 millones.

Deuda de 262 millones

Tras valorar Viajes Marsans en 300 millones, Pascual y Ferrán cifran la deuda del grupo en 262 millones, 143 de los cuales se deben a la banca. Ferrán no tuvo ayer reparos en reconocer que "cualquiera sabe" si finalmente habrá un comprador para el grupo de empresas.

Por otra parte, a las demandas judiciales ya presentadas hay que añadir el expediente informativo abierto por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Consumo, tras haber recibido en mayo un total de 115 reclamaciones de consumidores y usuarios por incidencias como la falta de devolución de los depósitos entregados para la realización de los viajes o la no prestación de servicios contratados, a pesar de que el usuario ya había hecho efectivo el importe.

La Junta precisó que a raíz de las reclamaciones ha realizado un requerimiento de información a la empresa para "recabar todos los datos posibles con relación a esta cuestión", al tiempo que ha dado orden a sus servicios provinciales de Consumo para que lleven a cabo actuaciones inspectoras in situ en las oficinas de la empresa con el objetivo de comprobar las anomalías.

A la actuación del Gobierno autónomo se ha sumado Facua, que ha exigido a las autoridades de Consumo de las diecisiete comunidades que abran una investigación y tomen medidas para defender los derechos de los usuarios.

Por otra parte, el vicepresidente y consejero delegado de Sol Meliá, Gabriel Escarrer, declaró ayer que "por el momento" no solicitará concurso de acreedores contra Marsans por el impago de una deuda que calificó de "modesta".