Díaz Ferrán se alía con las cajas para frenar a los Salazar en el grupo SOS

Las cajas de ahorros lograron ayer un aliado inesperado en la batalla por el control del grupo SOS desatada en la junta de accionistas. Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, dueños de Marsans y propietarios del 3,58% de la compañía, se unieron a Caja Madrid y las cuatro grandes entidades andaluzas -Unicaja, Cajasol, Cajasur y Caja Granada- para evitar que los hermanos Salazar pudieran regresar al consejo de administración.

Propietarios en conjunto del 14,52% de la empresa, Jesús y Jaime Salazar lograron nombrar en la asamblea a dos representantes en el máximo órgano ejecutivo: Jaime Pereña y Venancio López.

Era su regreso al órgano gestor después de que fueran destituidos hace poco más de un año como presidente y consejero delegado respectivamente. Pero la alegría les duró poco. Acto seguido al nombramiento, y a petición de Caja Granada, el resto de entidades aprobó su destitución con el apoyo de EBN, un banco en el que participa Unicaja, y de Teinver, la sociedad patrimonial de Díaz Ferrán y Pascual.

Aunque en los últimos días los dueños de Marsans habían barajado la posibilidad de unirse a los Salazar para pedir la nulidad de la junta de accionistas, el representante de Teinver, Adrián Borrego, negó ayer que al final lo fueran a hacer. "No vamos a impugnar la asamblea", aseguró.

Impugnación de la junta

Los que sí que lo harán son los hermanos Salazar y, posiblemente también, Aemec, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios. Jesús Salazar denunció que no se le había reconocido "toda la titularidad de las acciones que me corresponden", aludiendo en concreto a 3,5 millones de títulos de Demi Stone, una de las sociedades que controla. "Ello vicia la constitución de la junta y demando su nulidad", subrayó el ex presidente, quien también consideró ilegítimo el nombramiento de Pérez Claver hace un año. Y en la misma línea se pronunció Óscar Álvarez, en representación de las sociedades que controla Jaime Salazar, ex consejero delegado del grupo.

Los minoritarios aseguraron, en cambio, que todavía no habían tomado una decisión en firme sobre la posibilidad de impugnar la junta. "Estamos estudiándolo porque consideramos que las cajas deberían haberse abstenido a la hora de votar la ampliación de capital", aseguró el portavoz de Aemec, Ángel Fernández Albor.

El hecho es que no se abstuvieron, y que con el 39,7% del capital, lograron sacar adelante la operación acordeón aprobada por el consejo: una reducción de capital por 153 millones de euros para compensar las pérdidas del pasado ejercicio y dos ampliaciones posteriores. La primera, por un importe de 60 millones de euros, está dirigida en exclusiva a las cajas que están presentes en su accionariado y les permitirá hacerse con el 52% de la compañía a cambio de reducir deuda. Posteriormente, SOS realizará una segunda ampliación, a la que esta vez podrá acudir cualquier inversor mediante aportaciones dinerarias, por un importe total en efectivo de 112,18 millones de euros.

El problema es que el precio de emisión es de 1,5 euros por acción, lo que representa un descuento del 40% respecto a la cotización media del grupo durante los últimos tres meses. Y no sólo eso. Tanto los minoritarios como Salazar exigieron además explicaciones al presidente de la compañía, Mariano Pérez Claver, por haber ignorado un informe de PricewaterhouseCoopers, que había encargado Caja Granada, y que había valorado el precio de la acción en 4,8 euros.

Pérez Claver negó que ese informe hubiera sido aprobado por el consejo de administración y se remitió al que emitió Atlas Capital, que fijó la valoración en 1,5 euros, tal y como finalmente se ha llevado a cabo, permitiendo a las cajas hacerse con el control mayoritario del grupo.