Anticorrupción pide imputar otras 4 personas ligadas comisiones millonarias

Madrid, 18 may (EFECOM).- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación por un delito de insolvencia punible en la quiebra de Sintel de Carlos Gila, Yussuf Jamal, María Antonia Rotllan y Pedro Casals, todos ellos ejecutivos de varias sociedades relacionadas con el pago de comisiones millonarias y supuestos desvíos de dinero.

Según el escrito del fiscal José Grinda González, estas cuatro personas, junto a otros diecinueve imputados en el caso Sintel, participaron en el "vaciamiento patrimonial" de la filial de Telefónica, que acabó con el despido de 1.828 trabajadores y un agujero patrimonial superior a los 59,36 millones de euros.

"La sucesiva labor" de cada uno de ellos, según Anticorrupción, causó "notables perjuicios" cifrados a EFE por fuentes jurídicas en mas de 188,34 millones de euros, ya que se dañó a los acreedores de Sintel (98,19 millones de euros), los trabajadores (30,05 millones de euros) e incluso al Estado, pues repartió en ayudas más de 60 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid, Santiago Pedraz, habrá de decidir, en los próximos días, si comparecen como imputados el administrador único de Sintel, Carlos Gila; el libanés Yussuf Jamal, consejero de la sociedad "Catenon"; el presidente de "Patllari", Pedro Casals, y su mujer, María Antonia Rotllan, pues ejercía como apoderada de la empresa.

"Patllari" y "Catenon" recibieron de Sintel "varias comisiones millonarias cuyo objetivo todavía no se ha podido esclarecer", que "supusieron igualmente esquilmar el dinero en efectivo" con el que la filial de Telefónica, quebrada en 2001, "apenas podía contar", a juicio del fiscal.

Según varios testimonios en el sumario, Sintel, en sus últimos años de funcionamiento, "debía pagar 'un peaje' a determinadas sociedades para conseguir que Telefónica le pagara sus facturas" como consecuencias de los trabajos que realizaba.

Por su parte, Carlos Gila fue designado como administrador de Sintel "con la finalidad de seguir controlando lo que restaba" en la antigua filial de Telefónica, que cambió de accionariado más de cuatro veces en poco menos de cinco años.

Este escrito de Anticorrupción es resultado del trabajo realizado, durante los últimos meses, por la Fiscalía al "puntear" un entramado de sociedades, con sedes en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo, que estarían relacionadas con el desvío del dinero que quedaba en la sociedad, tras la operación de venta en 1996 a "Mastec Internacional" propiedad de la familia empresarial Mas Canosa.

El fiscal relata además que, tras esta venta, en 1998, Mastec traspasa sus acciones a favor de cinco sociedades, cuatro de ellas domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, antes que se hicieran dos operaciones en 1999 para "desgajar" las filiales extranjeras y las filiales españolas de Sintel .

Además, los señores Mas Santos, en "connivencia" con los consejeros de Sintel, "distrajeron diversas e importantes cantidades de dineros" en favor de los primeros "a costa del patrimonio de Sintel", tal y como acredita un informe de la auditora KPMG, cuya comparecencia pide en los juzgados el fiscal.

Por último, se produjeron "otros actos de progresiva descapitalización" de Sintel, como poner a la compañía como aval de 9 millones de euros en la compra de "Sietel" y "Sintelar", el pago de "comisiones millonarias" por más de 0,7 millones de euros a "Patllari" y "Catenon" y el vencimiento anticipado de un crédito de Telefónica por valor de 8,34 millones de euros.

El fiscal José Grinda recuerda también, tal y como hicieron ante el juzgado las acusaciones particulares de los trabajadores de Sintel, que Telefónica buscaba "evitar que una futura insolvencia de su filial comportase perjuicios económicos para la matriz" y eludir "el coste laboral y político del desempleo de sus trabajadores".

Además, según el fiscal, en el marco de la liberalización del sector de las comunicaciones producida a partir del 2000, se pretendía "evitar que sobreviviera una empresa de referencia con poder de presión sobre los precios a pagar por la propia Telefónica".

Hasta el momento, en el caso están imputados los ex presidentes de Telefónica, Juan Villalonga y Cándido Velázquez-Gaztelu, además de otros empresarios como Jorge Mas, Juan Carlos Mas, Jorge Miguel Sariego, Joel Tomás Citron, José Antonio Casanova de Simón, Ricardo Campos, Juan Miguel Antoñanzas, Heliodoro Alcaraz, José María Mas, Javier Martínez de Lahidalga González, Alfredo Flórez Plaza, Jesús Roa Martínez, Carlos Tejera Osuna, Serafín González Morcillo, Ramón Vecino Gay, Luis Chicharro Ortega y Dositeo Barreiro Morán. EFECOM

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