Cancelación servicio AVE el 21 febrero le podría costar a Renfe 13 millones

Madrid, 18 may (EFECOM).- Renfe podría verse obligada a pagar unos 13 millones de euros a los 17.000 perjudicados con motivo de la cancelación del servicio de AVE entre Madrid, Sevilla y Toledo el pasado 21 de febrero, si prospera la demanda interpuesta por Ausbanc Consumo, indicó hoy el adjunto a la presidencia de esta asociación, Ángel Garay.

No obstante, para que eso ocurra, primero, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, donde Ausbanc presentó la demanda en defensa de colectivos de los consumidores y usuarios frente a Renfe, debe admitirla a trámite y, si es el caso, los jueces tardarían aproximadamente un año en pronunciarse.

En segundo lugar, hace falta que los 17.000 afectados hayan conservado el billete de AVE de aquel día, para que les sea devuelto su importe y una compensación económica de 250 euros por trayecto, además de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, que serán distintos, por sus características y cuantía, según cada caso en concreto.

Aunque Garay reconoce que las cancelaciones de los viajes se produjeron por causa ajena a la empresa ferroviaria -debido a la caída de una viga sobre las vías- la responsabilidad de naturaleza civil y objetiva frente a los viajeros recae en Renfe, ya que "ha incumplido, de manera fehaciente, su principal compromiso contractual, al no satisfacer el ejercicio del derecho del usuario".

En su opinión, la gravedad de los hechos, el elevado número de afectados y la falta de previsión para el desarrollo de un servicio alternativo que se mostró ineficiente y deficiente, conlleva la obligación de devolver el importe del billete, de compensar económicamente a los usuarios y de indemnizar a todos y cada uno de ellos por los daños y perjuicios sufridos.

A pesar de que sólo unas 40 personas afectadas se han puesto en contacto con Ausbanc, se ha ejercitado una demanda colectiva por tratarse de un servicio público, especialmente protegido, y para conseguir un mayor impacto social, capaz de persuadir a las compañías de transporte de que no basta con lamentarse por sus negligencias, sino que éstas pueden costarles muy caras.

La asociación ha basado su acusación en la normativa general de protección al consumidor en el sector ferroviario, los textos comunitarios que regulan la protección de los derechos de los pasajeros y las propias condiciones generales del billete para el AVE que contemplan la obligación de indemnizar en los casos de cancelación, interrupción o retraso del viaje. EFECOM

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