Empresas y finanzas

Basilea III propone a la banca que baje riesgos con más deuda pública



    Las nuevas normas financieras, que saldrán del acuerdo de Basilea III, regularán por primera vez sobre la liquidez de los bancos, con el objetivo de que si se reproducen en el futuro situaciones críticas en los mercados, más severas incluso que el cerrazón producido a raíz de la caída de Lehman Brothers, las entidades dispongan de un colchón de activos que les asegure su supervivencia.

    Así, las propuestas recogidas en el borrador contemplan, según fuentes del sector, dos medidas de liquidez, una de ellas centrada en el corto plazo. El Comité de Basilea propone que las entidades financieras cuenten con una "mochila" de activos líquidos en suficiente cantidad para sobrevivir un mes si se llegaran a cortar todas las líneas de liquidez del mercado, lo que las obligaría, para constituir esta reserva de recursos, un aumento considerable de deuda pública en sus carteras.

    Concentración peligrosa

    La idea, justificada por el deseo de eliminar riesgos sistémicos, no está libre de las críticas del sector, tanto de grupos europeos como no europeos. En primer lugar, alegan que la propuesta parte de un supuesto tan altamente improbable que se puede tachar de inverosímil. Además, la compra masiva de deuda pública por parte de todos las entidades financieras sujetas a estas normas alteraría el precio de la misma, provocando una subida artificial.

    Aún hay más argumentos para oponerse a esta medida, ya que la inversión en títulos soberanos disminuiría la diversificación de la cartera de activos, exponiendo a los bancos al riesgo de deuda pública.

    Además, el Comité también plantea establecer un ratio de liquidez, basado en la cobertura de créditos a más de un año con financiación a largo plazo. El objetivo, en este caso, es dotar de estabilidad de financiación a la cartera de préstamos de las entidades. El cálculo de Basilea, en esta propuesta inicial, es que el 85% de los créditos de un banco tiene un vencimiento superior al año, por lo que la financiación de esta cartera con activos a largo plazo, como bonos públicos, se debe hacer también en ese porcentaje.

    Transformación de plazos

    Este planteamiento es, nuevamente, replicado por el sector. En primer lugar, argumentan, la relación entre los préstamos concedidos a diferentes plazos no sólo varían de una entidad a otra, sino que son muy diferentes según el modelo de negocio. En banca minorista la concesión de préstamos a corto plazo, como créditos a las pymes o al consumo supera con mucho el porcentaje estimado por el Comité, por lo que de seguir las directrices de la propuesta se estaría captando financiación a largo plazo para cubrir la concesión de créditos a corto plazo.

    Otra crítica al planteamiento de salida de Basilea se centra sobre la obligación de comunicar estos ratios de liquidez. Aunque no se oponen a las razones de transparencia con la que se justifica esta pretensión, aseguran que la notificación periódica corre el riesgo de no ser muy entendida por el mercado, ya que son muy volátiles y, por ejemplo, un vencimiento de deuda puede provocar una brusca alteración en el ratio que puede ser interpretado, erróneamente, cómo una bajada en la liquidez de la entidad.

    Según los cálculos de La Caixa, los bancos y cajas españoles necesitarían 300.000 millones de euros adicionales de liquidez para cumplir con las nuevas reglas. El sector reitera que unas mayores exigencias de capital como de liquidez en Basilea III provocará que los bancos concedan menos créditos tanto a familias como a pymes y que, además, se encarezcan.

    El difícil tema de la liquidez

    La otra advertencia se basa en los plazos de aplicación. Si no se mide bien los tiempos y se exige la adecuación de las entidades financieras a las nuevas normas cuando las economías aún no hayan remontado la crisis, lejos de contribuir al crecimiento, se convertirán en un obstáculo por la restricción en la concesión de créditos.

    Las normas definitivas de Basilea III se prevén que se fijen en la reunión del G-20 de noviembre y que entren en vigor a finales de 2012, con periodos transitorios de aplicación.

    Aunque ningún grupo bancario duda de que se elevarán los requerimientos de capital, también piensan que en materia de liquidez el Comité, que ahora estudia las alegaciones de las entidades de los diferentes países, será más sensible a sus peticiones, ya que la liquidez, un tema nuevo para Basilea, es más complejo y difícil de calibrar que la solvencia.