Las comunidades autónomas tendrán que destinar al menos el 25% de suelo a VPO
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley del Suelo, que establece que las comunidades autónomas tendrán que reservar como mínimo el 25 por ciento del suelo para Viviendas de Protección Oficial (VPO).
El texto, del que informó hoy la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, al resto del gabinete, apuesta por un desarrollo territorial y urbano sostenible y establece medidas contra la retención especulativa de suelos.
El anteproyecto se someterá ahora a un proceso de consulta con las administraciones públicas e instituciones representantes del sector antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros para su remisión posterior a las Cortes Generales.
En concreto, el anteproyecto recoge un estatuto de los ciudadanos en el que se fija que, por encima de los intereses inmobiliarios privados, está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, a las necesarias dotaciones públicas y equipamientos colectivos, a la información y a la participación efectiva en el desarrollo y la ordenación de las ciudades.
Así, el departamento que dirige Trujillo establece en el anteproyecto los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo. Para ello, el Ministerio de Vivienda pretende que se sometan a información pública los planes y convenios urbanísticos, y que se elabore un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué les afecta.
Además, Vivienda quiere asegurar un desarrollo urbano sostenible sometido a una evaluación ambiental previa. Pero también se ha puesto como objetivo garantizar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo de reserva de suelo, que finalmente no ha variado desde el borrador y se ha quedado en el 25 por ciento de los desarrollos urbanísticos.
Desincentivar la especulación
Por otro lado, el anteproyecto de Ley del Suelo busca conseguir una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, al desincentivar las prácticas de reclasificación y retención especulativas del suelo.
En este sentido, el tercer gran pilar de este anteproyecto se refiere al porcentaje de cesión de aprovechamiento obligatoria que deben realizar los promotores a los ayuntamientos cuando promueven un proyecto. El anteproyecto establece una horquilla amplia entre el 5 y el 15 por ciento.
El Ministerio de Vivienda pretende, asimismo, mejorar la regulación de los suelos públicos, al asegurar su carácter de patrimonio vinculado a determinados fines de interés social, prioritariamente la construcción de viviendas protegidas, con la flexibilidad suficiente como para que pueda adaptarse a las necesidades reales de cada municipio.
En este punto, la mejora de la gestión pública del suelo viene determinada por el nuevo régimen de valoraciones que establece el anteproyecto y que se remite a la situación real en que se encuentre el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas futuras.