Los afectados de Fórum y Afinsa reclamarán al Estado por su presunta negligencia

Por un lado, están los "independientes". Se trata de más de 50.000 afectados por la presunta estafa filatélica reunidos en 25 asociaciones, que han unido fuerzas y hoy presentan una reclamación patrimonial contra el Estado para que les sea devuelto su dinero íntegramente más los intereses pactados.

"Aunque el plazo para reclamar frente al Estado no prescribe el día 9, como han asegurado algunas asociaciones, hemos considerado que esta fecha es idónea jurídica y simbólicamente, porque se cumple un año", asegura Antonio Corredoira, el secretario de la Federación de Afectados Filatélicos de España (FAF). "Reclamamos las cantidades y las plusvalías pactadas".

Presunta negligencia de los administradores

La reclamación se ha presentado hoy a las 12:00 ante el Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda, pero no sólo va dirigida contra este organismo. Los reclamantes pretenden determinar "la responsabilidad concurrente de las administraciones", y está dirigida contra el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Banco de España, la Agencia Tributaria y todas las comunidades autónomas por su presunta negligencia en el control, durante más de 20 años, en el sector de los bienes tangibles, espcialmente el filatélico.

A partir de que se presente la reclamación, las administraciones tienen un plazo de seis meses, ampliable a otros seis más, para resolver esta petición, según explican fuentes jurídicas. En caso de respuesta negativa o de silencio administrativo, que también se entendería como rechazo, se recurriría a la vía contencioso administrativa solicitando la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Por vía penal

Los afectados, sin embargo, no descuidan la vía penal. Todas estas asociaciones están personadas en el procedimiento que se sigue en los juzgados 1 y 5 de la Audiencia Nacional contra los ex directivos de las empresas filatélicas, y esperan recuperar parte del dinero por esa vía. Así, si se determinara la responsabilidad del Estado, a las cantidades totales se les descontaría posteriormente, según las intenciones de los reclamantes, las que resulten de la depuración de responsabilidades penales, que se sufragarían con las cantidades intervenidas a los presuntos culpables.

También habría que descontar el dinero que resulte de los dos procesos concursales que tramitan los juzgados mercantiles y que acabarán previsiblemente con la liquidación de las empresas y la venta de sus activos.

Acción colectiva

Por otro lado, están las asociaciones integrantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, como Adicae y OCU, que también presentarán una acción colectiva. Según explica Adicae, la reclamación abarca a los cerca de 90.000 afectados inscritos en su plataforma de afectados y a todos aquellos perjudicados que se sumen en el futuro, "y en particular en representación de cerca de 20.000 de sus socios que lo han solicitado expresamente hasta el momento".