Generalitat elabora borrador acuerdo garantiza actividad industrial de Izar

Valencia, 7 may (EFECOM).- La Conselleria de Territorio y Vivienda ha remitido a las partes implicadas un borrador de acuerdo para garantizar el mantenimiento de la actividad industrial en Izar durante al menos 10 años y determinar el compromiso de no tramitar ningún instrumento urbanístico que altere el uso actual de las instalaciones.

La Conselleria ha remitido este texto a las partes implicadas en el futuro de las instalaciones de Izar -situadas en los términos municipales de Quart de Poblet y Manises-, que son la Conselleria de Economía, los Ayuntamientos de ambos municipios, la SEPI y la empresa Ros Casares, que presentó una oferta para la adjudicación de la planta.

Con ello se busca que las partes, una vez analizada la propuesta, presenten las observaciones oportunas para poder proceder a la firma del acuerdo "lo antes posible", según informó la Generalitat.

El convenio establece, entre otras medidas, la obligación de la empresa Francisco Ros Casares de mantener y consolidar la actividad industrial que se realiza actualmente en las instalaciones de Izar como mínimo durante los próximos 10 años.

Además, determina el compromiso de la Administración, tanto autonómica como municipal, de no tramitar ni aprobar ningún instrumento urbanístico que pretenda la alteración del uso actual de las instalaciones en el plazo mínimo de 10 años.

Asimismo, con este acuerdo, las Administraciones también se comprometerían a tramitar y aprobar todas aquellas licencias, autorizaciones, permisos o instrumentos que permitan el desarrollo y potenciación de la actividad industrial en este emplazamiento.

La empresa, por su parte, también debería adoptar las medidas necesarias para elevar los estándares de calidad ambiental actualmente existentes en las instalaciones y minimizar al máximo el impacto de la actividad industrial.

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, explicó que se pretende que las partes implicadas en este proceso firmen un convenio "que asegure la actividad industrial, garantice la conservación y aumento de los puestos de trabajo existentes e impulse la incorporación de medidas que minimicen el impacto ambiental de la planta".

"Esta iniciativa surge de la necesidad de preservar de la forma más eficaz el interés general, ya que la venta de estas instalaciones ha adquirido una relevancia extraordinaria desde una perspectiva no sólo laboral y social, sino también medioambiental y económica", añadió González Pons. EFECOM

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