Petroleras piden a Morales seguridad jurídica al entrar en vigor contratos
La Paz, 2 may (EFECOM).- Las doce compañías que firmaron los 44 nuevos contratos petroleros en Bolivia hace más de seis meses pidieron hoy seguridad jurídica al presidente Evo Morales, tras la entrada en vigor de los convenios un año y un día después de la nacionalización de los hidrocarburos.
Por su parte, el mandatario instó a las petroleras a que la seguridad exigida sea recíproca, a respetar la legislación boliviana y a "acelerar" las inversiones comprometidas en el sector, que únicamente se refieren a proyectos ya iniciados.
Los convenios suscritos en octubre pasado con la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la franco-belga TotalFinaElf, entre otras, entraron en vigor hoy tras ser firmados ante notario por representantes de las empresas y el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Aruquipa.
Morales festejó después el hecho junto a los ejecutivos de las multinacionales en un acto protocolario en el Palacio de Gobierno, en La Paz.
Allí, el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, el brasileño José Magela, reconoció que, durante su primer año de gestión, el gobierno de Morales "ha trabajado" para que las empresas que operan en el país puedan "empezar a tener seguridad jurídica".
El titular de la entidad que agrupa a las petroleras en Bolivia ratificó la importancia de que se dé tanto esa seguridad como una "paz social" necesaria para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación en el sector.
En la misma línea se manifestó el presidente de Repsol YPF en Bolivia, Luis García Sánchez, quien subrayó a Efe que la ratificación parlamentaria de los contratos ayudará a obtener la seguridad reclamada, al tiempo que se mostró confiado en cuanto al cumplimiento de lo firmado.
Las peticiones de seguridad jurídica de las compañías se producen después de que Morales anunciara que su país, Venezuela, Cuba y Nicaragua abandonan el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad que el mandatario pretende incluso "erradicar".
García Sánchez recalcó que, con los contratos ya en vigor, ahora se abre el plazo para que Repsol y el resto de empresas presenten sus planes de inversión.
Asimismo, el ejecutivo garantizó que la petrolera hispano-argentina elaborará un programa que le permita al Gobierno boliviano abastecer la demanda interna y cumplir con los compromisos requeridos por los mercados brasileño y argentino.
Por su parte, el presidente boliviano destacó que los actuales convenios son "legales y constitucionales", en contraposición a los que regían antes, que eran "reservados" y nunca fueron ratificados en el Congreso, denunció.
"Las empresas han entendido que no son dueñas" de los recursos naturales de Bolivia, aseveró Morales al defender los nuevos acuerdos frente a los críticos que le acusan de haber ejecutado solamente una reforma tributaria y no una verdadera nacionalización del sector.
El 82 por ciento de impuestos publicitado por el Ejecutivo lo pagan solamente Repsol, Petrobras y TotalFinaElf y, además, ese porcentaje cambiará a partir de hoy con la entrada en vigor de los convenios.
Al igual que hizo el martes, durante la conmemoración del primer aniversario de la nacionalización, el mandatario reconoció que el Estado boliviano está "obligado" a buscar socios para dar continuidad a la inversión en el sector.
"Si tuviéramos recursos suficientes, no buscaríamos socios", apuntó para recalcar la moderación impuesta al proceso nacionalizador, que no ha desembocado en expropiación ni expulsión de empresas, porque Bolivia "necesita" inversiones.
En cuanto a los nuevos contratos, el presidente aclaró que el gobierno trató de "acelerar" su aprobación para que ni el país ni las empresas "resultaran perjudicadas".
Pese a ello, los convenios han entrado en vigor más de seis meses después de su firma, tras superar incidencias y obstáculos de diverso tipo.
Primero salieron a la luz graves errores cometidos por funcionarios afines a Morales, que incluyeron el envío al Congreso de documentos diferentes a los originales suscritos con las firmas, y a continuación la aprobación parlamentaria de los acuerdos se dilató por múltiples discrepancias entre oficialismo y oposición. EFECOM
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(con fotografías)