El retraso de la jubilación obliga a reformular las fusiones de las cajas

Las intenciones del Gobierno de alargar la vida laboral podrían acarrear negativas consecuencias para el sector financiero y, principalmente, para aquellas entidades que se encuentran en pleno proceso de fusión. Sin saberlo, el Ejecutivo, al hacer públicos sus planes, ha puesto otras piedras en el camino de la reorganización del sector, que debe estar cerrado en menos de cinco meses.

Las cajas y las consultoras están rehaciendo sus cálculos iniciales sobre el coste de estas operaciones, ya que ahora se encuentran con un gasto adicional que no estaba previsto y tener todo preparado por si finalmente la propuesta del Gobierno se aprueba después de alcanzarse un acuerdo en el llamado Pacto de Toledo con la oposición y los agentes sociales.

Fuentes implicadas en los procesos apuntan que aunque las nuevas cifras no comprometerán las fusiones, sí que tienen que realizar ajustes en las estimaciones previstas.

5.000 prejubilados

En la actualidad hay cinco proyectos de integración que contemplan pedir ayudas, bien al FROB, bien al Fondo de Garantía, y que contemplan, en su conjunto, unas 5.000 prejubilaciones. A estas operaciones habría que añadir la absorción de CCM por Cajastur, que incluye otras 300 bajas voluntarias.

Cada una de estas prejubilaciones está calculada sobre la base de una jubilación general a los 65 años, pero al alargarse dos años tendría más coste para la entidad o menor prestación para el trabajador. Habitualmente, los empleados que aceptan las bajas voluntarias en banca retienen unos ingresos que se sitúan entre el 75 y el 90% del sueldo, que va pagando la entidad, hasta alcanzar los 63 años, momento en que el trabajador empieza a percibir su pensión del Estado.

Con estas previsiones, las cajas calculan el coste total y realizan la provisión correspondiente en sus cuentas. Para las entidades en proceso de fusión, esta partida es especialmente importante, ya que es uno de los mayores gastos que engordan la cifra requerida en ayudas. En el caso de la unión de Caja España y Caja Duero, por ejemplo, la factura de las bajas incentivadas asciende a 270 millones, mientras que tiene intención de pedir casi 600 millones de euros al fondo de rescate.

Las nuevas condiciones, por este motivo, podrían suponer menores ventajas para los trabajadores que decidan acogerse a la prejubilación o cuantías inferiores a otras partidas, como el saneamiento del balance conjunto. En ambos casos, las entidades encontrarían dificultades, lo que alargaría aún más la reestructuración necesaria de este sector.

Las operaciones en marcha

Condiciones planteadas en las prejubilaciones de las cajas de ahorros como consecuencia de las integraciones.

Fuente: elEconomista

¿Pedir más ayudas al Frob?

Si los beneficios para los empleados se reducen, se complicarían las negociaciones con los sindicatos en las mesas laborales, claves para el desarrollo de las fusiones. Si, por el contrario, se opta por rebajar el dinero a reforzar la solvencia y el patrimonio, el Banco de España se podría oponer, ya que el objetivo último del FROB es recapitalizar las cajas de ahorros ante el deterioro sufrido por la crisis económica.

También existe la posibilidad de reclamar más ayudas públicas, pero eso implicaría una aprobación especial de la integración por parte de Bruselas, que ha limitado los apoyos hasta el 2% de los activos por riesgos para una autorización general. Hasta el momento, sólo el plan de fusión liderado por Caixa Catalunya ha solicitado al FROB una cuantía superior, del 2,5 %. El resto se ha quedado en el máximo.

Las condiciones puestas encima de la mesa en los proyectos de integración en marcha hasta el momento son prácticamente similares. Se podrán acoger a la prejubilación aquellos empleados que cumplan como mínimo 55 años. Edad que está por encima de los planes ejecutados en los últimos ejercicios, donde la edad media por la que podrían acceder los trabajadores de banca al retiro voluntario incentivado era de 52 o 53 años.

Compromisos de pensión

Los cambios no sólo afectarán a las entidades en proceso de fusión. También al resto de instituciones financieras. El efecto es doble. Por una parte, desincentivará estos planes por el coste extraordinario, que han servido para readaptar los recursos humanos del sistema y han elevado el número de cotizantes. Según explican fuentes bancarias, por cada dos trabajadores prejubilados -que mantienen su cotización a la Seguridad Social- se sumaba uno por las nuevas contrataciones laborales.

El año pasado, por ejemplo, se prejubilaron más de 2.000 empleados de bancos y cajas de ahorros, ligeramente por debajo de 2009, como consecuencia de la crisis.

Por otra, la pensión de los trabajadores que se acogieron a los programas de, al menos, los últimos diez años, está en el aire según las condiciones pactadas para poder jubilarse anticipadamente a los 63 años. La remuneración pública cuenta con una penalización dependiendo de los años de cotización de cada trabajador. Si ha contribuido a las arcas del Estado más de 35 años, el recorte de la pensión es de un 6 por ciento anual, pero si su aportación ha durado menos años, la quita se puede elevar al 8%.

Con la legislación presente, el cómputo para la pensión podría realizarse con una merma de entre el 24% y el 32%, a pesar de haber cotizado con la máxima contribución a la Seguridad Social. Fuentes sindicales acusan al Gobierno de "soplar y sorber a la vez", porque señala que sobra personal en el sector y no facilita la salida de trabajadores.