Crisis en la nacionalización petrolera de Morales y paralización de contratos
Antonio Martínez
La Paz, 8 mar (EFECOM).- La mayor victoria política en 2006 del presidente boliviano, Evo Morales, la firma de nuevos contratos con las petroleras en octubre, tras nacionalizar los hidrocarburos en mayo, corre el riesgo de volverse un fiasco porque las leyes que los aprobaron tienen errores que impiden ejecutarlos.
Medios informativos locales destacan hoy versiones diferentes de los anexos clave de los convenios, los que determinan cuánto ganarán las multinacionales y cuánto Bolivia, con hasta 25 diferencias entre los textos difundidos inicialmente por el gobierno y los que aprobó el Congreso en noviembre.
"Otro sismo en hidrocarburos", titula a todo lo ancho de su primera plana el diario paceño "La Prensa", y añade que "el gobierno y parlamentarios masistas (oficialistas) se contradicen al explicar los errores en los acuerdos petroleros".
Otro matutino de La Paz, "La Razón", asegura que "los contratos no se cerraron con las firmas".
Según este rotativo, el diputado Gustavo Torrico, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, reveló que los textos suscritos el 28 de octubre con las petroleras "no son los finales" y que la versión definitiva "salió el 6 de noviembre".
El enredo de las distintas versiones de los 44 acuerdos firmados con 12 petroleras, entre ellas la brasileña Petrobras y la hispano- argentina Repsol YPF, llevó al principal partido de oposición, la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), a anunciar que demandará al gobierno por "falsear" los documentos.
La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue la primera en confesar, en febrero, que había yerros en las leyes que redactó el gobierno y aprobó el Congreso en sesiones atropelladas y polémicas.
El presidente Morales, de visita en Japón esta semana, afirma que son errores "de forma y no de fondo", que se pueden corregir fácil y rápidamente con una ley que enmiende lo aprobado en noviembre.
Esa ley ya está en una comisión de la Cámara de Diputados y pasará pronto a la plenaria, de mayoría oficialista, por lo que no se duda que será aprobada.
Pero luego debe pasar al Senado, donde la mayoría opositora está afilando cuchillos para aprovechar lo que diplomáticos acreditados en La Paz definieron a Efe como una nueva muestra de la impericia del gobierno, que recurre frecuentemente a atajos poco legales y termina pagándolo caro.
El presidente del Senado, el centrista José Villavicencio, ya anunció que esa cámara revisará con lupa las leyes y los contratos.
Además, advirtió que se tomará todo el tiempo necesario, pese a la súplica de Morales de apurar el paso porque, mientras tanto, los acuerdos no pueden ejecutarse y están frenadas millonarias inversiones de las multinacionales.
El Senado anunció que convocará a ejecutivos de las petroleras para ver si ellos pueden aclarar si son iguales los textos que firmaron y los que aprobó el Congreso.
"Si se comprueba que no son los contratos originales, no serán aprobados", afirmó Villavicencio, que atribuye la crisis a la forma "irregular" en que el MAS forzó su aprobación en noviembre.
La incertidumbre crece porque además de la demanda contra el gobierno por "falsedad" -parlamentarios de Podemos anunciaron a Efe que será presentada hoy a la Fiscalía General-, hay otra en el Tribunal Constitucional contra la sesión del Senado que ratificó los contratos en noviembre.
En aquella ocasión, ausentes todos los senadores titulares de la oposición, el MAS aprobó los acuerdos sin debate, con ayuda de dos suplentes opositores (según los adversarios de Morales, comprados).
Para agravar la crisis, renunció el miércoles el tercer superintendente de Hidrocarburos que ha tenido Bolivia en los trece meses y medio del actual gobierno, Mario Adrián.
Desde que Morales decretó la nacionalización el 1 de mayo de 2006, ha habido además tres presidentes de YPFB y dos ministros de Hidrocarburos (el segundo, Carlos Villegas, también renunció, pero el mandatario logró retenerlo).
Diez meses después de dictado el decreto de nacionalización con gran aparato mediático y militar, casi ninguno de sus puntos clave se ha concretado.
Las empresas mixtas que "renacionalizó" aquella medida, entre ellas dos refinerías de Petrobras y la filial boliviana de Repsol, Andina, siguen controladas por las multinacionales, y continúa en el limbo la "refundación" de YPFB, con su monopolio de la comercialización de los hidrocarburos.
Casi lo único ejecutado es la expropiación de las acciones que tenían teóricamente los ciudadanos bolivianos en empresas mixtas, que gestionaban dos administradoras de fondos de pensiones (una filial del grupo español BBVA), que han pasado a YPFB. EFECOM
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(con fotografías)