Sindicatura Cuentas considera que ICF Holding no desarrolla su objeto social
Barcelona, 5 mar (EFECOM).- La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat considera en su informe sobre la sociedad ICF Holding, filial del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que ésta tiene un objeto social que "no se ha desarrollado plenamente".
En su informe respecto a la actividad de ICF Holding en 2003, "recomienda a ICF Holding que desarrolle su objeto social", según reza en las conclusiones del informe de la Sindicatura, que también pide que esta empresa elabore un plan estratégico que entre otros puntos limite temporalmente sus inversiones
ICF Holding controla diversas participaciones en fondos de capital riesgo, además de un paquete en Fira 2.000, la sociedad responsable de la ampliación ferial en Montjuic 2, que supone el 75% de las inversiones a largo plazo de esta sociedad.
La Sindicatura también recomienda al ICF que capitalice ICF Holding y advierte del desfase, ya que tiene obligaciones pendientes por valor de 41,3 millones y un capital de sólo 30 millones al cierre del ejercicio fiscalizado en el 2003.
Sin embargo, en sus alegaciones, el actual consejero delegado del ICF, Josep Maria Ayala, recuerda que la sociedad, posteriormente al informe, ha ampliado capital hasta los 72 millones de euros.
En sus alegaciones, Ayala también recuerda que no puede entenderse que el objeto social de ICF Holding sea gestionar todas las participadas de la Generalitat y señala que el objeto social de la entidad "se refiere sólo a aquellas participaciones que puedan considerarse convenientes".
"La sociedad no ha recibido nunca ninguna indicación de la Generalitat en relación con la adquisición o gestión de ninguna participación adicional de las que figuran en su activo", asegura el consejero delegado en sus alegaciones.
Por otra parte, la Sindicatura advierte de que se ha incumplido la Ley de contratos de las Administraciones Públicas en dos puntos: el cobro de 13.531 euros de la firma Solfing por colaborar en el contrato de alquiler de los trenes de la Línea 9 y en el pago de 100.400 euros al bufete Garrigues por un estudio de optimización fiscal de las empresas públicas de la Generalitat. EFECOM.
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