Montilla dará 15 millones a La Seda, a pesar de las anomalías

La Generalitat de Cataluña, que preside José Montilla, está negociando con el presidente de La Seda de Barcelona, José Luis Morlanes, la concesión de un aval por valor de 15 millones de euros para financiar el día a día de la compañía hasta finales de este año, cuando la dirección tiene previsto aprobar una ampliación de capital.

Los protagonistas de la negociación son el Instituto Català de Finances (ICF) y el propio Morlanes, que ha ofrecido como garantía del préstamo una parcela de terreno en el municipio de El Prat (Barcelona) que él mismo consiguió recalificar el pasado 22 de julio.

El ICF, que dirige Miquel Salazar, mantiene abiertas las negociaciones, pese a que conoce de primera mano las irregularidades que se han producido en La Seda durante los dos últimos años. La fuente de Salazar es Helena Guardans, que es miembro del consejo de administración de ICF Holding (sociedad que aglutina buena parte de las participaciones industriales de la Generalitat) y que fue consejera y presidenta del comité de auditoría de La Seda entre julio de 2008 y marzo de 2009.

Guardans es una empresaria de reconocido prestigio y es propietaria de la empresa Sellbytel. En julio de 2008, entró a formar parte del consejo de La Seda como independiente, con el objetivo de cubrir la ley de paridad que impulsó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dimisión

Una vez dentro del consejo, Guardans fue nombrada presidenta del comité de auditoría. Sin embargo, su desempeño en el cargo duró muy pocos meses, ya que Guardans solicitó información financiera a la comisión ejecutiva de La Seda y, presuntamente, ésta nunca se la facilitó. En ese momento, la comisión ejecutiva estaba en manos del entonces presidente Rafael Español y formaba parte de ella Morlanes.

Ante esta situación, en marzo de 2009 Guardans presentó su dimisión irrevocable al consejo de administración y abandonó la compañía. A petición de este diario, Guardans ha rehusado explicar los motivos o informaciones que conocía y que la llevaron a dimitir.

Una vez se hizo efectiva su dimisión, el cargo de presidente del comité de auditoría fue asumido por el propio Morlanes, que, ante la incompatibilidad de cargos, se vio obligado a abandonar la comisión ejecutiva de La Seda. Según el abogado Jacinto Soler Padró, ex consejero de compañía, "como miembro de la comisión de auditoría, yo pedía papeles y Morlanes nunca me facilitó ninguno".

Según un comunicado emitido el 27 de octubre por la empresa, "la Seda está pendiente de recibir un crédito del Institut Català de Finances por 15 millones que permita reactivar la actividad industrial en Cataluña".