Las aseguradoras de EEUU tiemblan ante el fantasma de la reforma sanitaria
Todavía queda un largo y arduo recorrido en el Senado para que la reforma sanitaria de Barack Obama llegue a convertirse en ley. Sin embargo, el corte liberal de la propuesta aprobada en la Cámara Baja el pasado sábado comienza a pasarle factura a las principales aseguradoras médicas del país.
No es para menos. Entre las 1.990 páginas del proyecto de ley se incluía la temida "opción pública", es decir, el respaldo del gobierno federal para ofrecer seguros médicos a los ciudadanos estadounidenses. Aunque la propuesta todavía no está claramente definida, el gobierno está dispuesto a monitorizar cada paso del sector privado, que hasta ahora ha vivido en un ambiente de camaradería.
Los legisladores quieren acabar de un plumazo con las malas prácticas de la industria aseguradora. Se acabó el rechazar clientes con enfermedades crónicas o exigir el pago de primas extra por padecer dolencias concretas. Ni oir hablar de quitarle los servicios sanitarios a un cliente cuando la compañía lo considere necesario, porque éstos ya no serán hábitos convencionales dentro de la industria.
Por esta misma razón, las grandes aseguradoras de EEUU comienzan a temerse lo peor: no sólo una empresa respaldada por el gobierno podría ofrecer servicios más asequibles y robarles la clientela, sino que su posición hegemónica en el mercado podría llegar a su fin.
Los títulos de Wellpoint, Humana, Aetna o Cigna están bajo la sospecha de los inversores aunque la propuesta de reforma sanitaria no haya pasado todavía por el Senado.
Las intrigas políticas están servidas
Habrá que esperar a que los senadores den a conocer cuáles serán las propuestas que llevarán a votación esta semana. Sin embargo, se rumorea que no será hasta después de Acción de Gracias, es decir, hasta finales de noviembre, cuando comience el debate sobre las mismas.
La reforma necesita 60 votos para salir adelante, lo que significa que son necesarios los votos de todos los demócratas, los senadores independientes como Joe Lieberman y Bernie Sanders, además de un republicano.
Si en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, supo desplegar sus tentáculos e influencias para asegurarse que una reforma más liberal saliese adelante, ahora la dura tarea recae sobre los hombros de su homólogo en el Senado, Harry Reid, quien hasta hace poco ni siquiera era partidario de una opción pública.
Aún así, Reid parece dispuesto a incluir esta medida, algo que ya ha levantado ampollas en la Cámara Alta. De hecho, Lieberman dijo el domingo que si eso era real no apoyaría la reforma.
Los senadores demócratas no confían en el precio final de la propuesta del Congreso, que ronda los 1,05 billones de dólares, especialmente por depender en exceso de subidas fiscales a los más adinerados del país. Estos sufrirán subidas fiscales de 5,4% si ganan más de 500.000 dólares mensuales.
Además, las pymes también se verán damnificadas porque si no cargan con el peso de asegurar a todos sus trabajadores serán penalizadas con importantes multas que supondrán, al menos, el 8 por ciento de los sueldos laborales que dichas compañías facturen.