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Fiscal mantiene petición 4 años de cárcel contra sindicalistas Naval Gijón



    Gijón, 30 ene (EFECOM).- El juicio contra los dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierdas Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala por daños en protestas laborales de Naval Gijón quedó hoy visto para sentencia tras celebrarse la vista oral en la que la fiscalía ratificó la petición de cuatro años de cárcel.

    Alrededor de un millar de personas se concentraron frente al edificio de los juzgados en manifestación de apoyo a los sindicalistas acusados de la destrucción de la caja de contactos de una cámara de vídeo para control de tráfico durante una movilización de trabajadores el pasado 10 de marzo de 2005.

    Los dirigentes se declararon inocentes y al hacer uso de la palabra al finalizar la vista aseguraron ser víctimas de "un montaje policial y político que intenta criminalizar las protestas laborales y favorecer el cierre del astillero para construir edificios en primera línea de costa".

    La fiscalía reclamó una condena de cuatro años de cárcel, multa de 30 meses y una indemnización de 5.600 euros y basó la acusación en el testimonio de tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, según los cuales el sistema de vídeo fue destruido con explosivos.

    La defensa aportó un reportaje fotográfico y el testimonio de trabajadores de Naval Gijón y de dos periodistas que declararon que la caja fue rota a patadas por tres manifestantes vestidos con ropa de trabajo y el rostro embozado y que Cándido González Carnero no se encontraba en ese sitio en ese momento.

    El juicio, que se celebró en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, fue el primero de los dos en los que los sindicalistas están inculpados por daños en protestas laborales en demanda de carga de trabajo para el astillero privado, en los años 2004 y 2005.

    El próximo 12 de febrero ambos responderán ante el Juzgado Penal 2 por el incendio de un vehículo en la avenida de Carlos Marx durante una manifestación celebrada en diciembre del 2004.

    El abogado defensor, Juan Prieto, consideró "inconsistente" las pruebas de la Fiscalía y aseguró que el testimonio de los funcionarios de la Policía fue "contradictorio" y estaba "orientado a buscar una condena con independencia de la verdad de los hechos".

    También testificaron funcionarios del Ayuntamiento sobre la valoración de daños en los que la fiscalía basó su petición de penas y aseguraron que la Corporación Municipal no reclama indemnización alguna.

    En sus conclusiones, la Fiscalía consideró especialmente "grave" el uso de explosivos en la vía pública -petardos según la defensa- y aseguró que esta circunstancia es uno de los motivos por los cuales pide la pena máxima.

    Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha difundido esta tarde un comunicado en el que niega que estos dirigentes de CSI hayan sido víctimas de un montaje policial.

    Ante estas acusaciones, el sindicato policial precisa que en los disturbios acaecidos con motivo de las movilizaciones en Naval Gijón se utilizaron "artefactos pirotécnicos convenientemente preparados para causar el mayor daño posible", y recuerda que se produjeron "importantes desperfectos en bienes públicos y graves lesiones a funcionarios policiales".

    "El que no se produjera una desgracia mayor fue pura casualidad", asegura el comunicado del SUP, en el que se destaca que un artefacto pirotécnico lanzado desde el astillero "atravesó limpiamente y de lado a lado un vehículo de la unidad de intervención policial".EFECOM

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