Estado garante de inquilinos sin situación laboral estable ante propietarios
París, 14 dic (EFECOM).- El ministro francés del Empleo, Jean-Louis Borloo, anunció hoy que trabaja con los interlocutores sociales para poner en marcha un dispositivo por el que el Estado sería garante ante los propietarios de una vivienda de un inquilino que no goce de una situación laboral estable.
"El Estado pagará -si se me permite- los platos rotos, como en todo sistema de aseguramiento, pero será un sistema muy responsabilizador", explicó Borloo en una entrevista a la cadena de televisión "LCI", tras indicar que se había trabajado durante un año con sindicatos y patronal en la cuestión.
El objetivo -dijo- es "una garantía que todos los asalariados, no sólo los que tienen un contrato fijo", sino también los que trabajan con uno temporal, los intermitentes o los estudiantes podrán presentar al propietario de la vivienda y que se financiará con las cotizaciones patronales y las aseguradoras.
El dispositivo, bautizado Garantía de Riesgos de Alquiler (GRL en sus siglas en francés), pretende levantar suspicacias de los arrendatarios a la hora de alquilar un piso o una casa a personas que plantean más riesgo de impagos por no disponer de una situación laboral estable.
Afecta en particular a los trabajadores a tiempo parcial (4,7 millones de personas en Francia), titulares de un contrato temporal (1,6 millones, con puestos interinos (2,2 millones), parados (2,2 millones) o estudiantes.
El GRL servirá para indemnizar a los propietarios un máximo de 24 meses de impagos y se alimentará con una parte de los 3.500 millones de euros de lo que se conoce como la cotización sobre la masa salarial del "1% de vivienda".
El anuncio de Borloo se hizo poco antes del inicio de la conferencia sobre el empleo y los ingresos, en la que el primer ministro, Dominique de Villepin, ha convocado a patronal y sindicatos.
El responsable de Empleo indicó que otra de las medidas que saldrán de esa conferencia será la concesión de un crédito fiscal a las familias que utilicen los servicios a la persona -que contraten a alguien para tareas domésticas o de atención personal- pero que no tuvieran que hacer la declaración de la renta, y que por eso no se podían beneficiar de las exoneraciones fiscales.
Las familias que a partir del próximo 1 de enero contraten -aunque sea temporalmente o a tiempo parcial- a asalariados para labores domésticas, clases de apoyo escolar, asistencia a personas dependientes o ayuda informática entre otras misiones tendrán una exención fiscal en el impuesto sobre la renta o recibirán una devolución en caso de que no tuvieran que hacer esa declaración.
Los expertos del Gobierno calculan que esta medida tendrá un costo presupuestario de entre 150 y 200 millones de euros en 2008.
Villepin, por su parte, al abrir la conferencia sobre el empleo y los ingresos, destacó que su visión para Francia es "la de un país capaz de conjugar el dinamismo económico con la justicia social" y defendió "la utilidad del diálogo social". EFECOM
ac/txr