La Agencia Ambiental Europea pide impuestos digitales y de patrimonio

La Agencia Ambiental Europea acaba de irrumpir en pleno debate sobre la Directiva de fiscalidad energética. El organismo advierte que la progresiva descarbonización de la economía europea erosionará inevitablemente la base impositiva, ya que los actuales regímenes de fiscalidad de la energía y de fijación de precios del carbono dependen en gran medida de los productos energéticos no renovables. Por ese motivo, indican, será esencial encontrar el equilibrio adecuado entre la consecución de los objetivos climáticos y el mantenimiento de la estabilidad de los ingresos para los estados, así como probar en el futuro los sistemas fiscales con nuevas fuentes de ingresos.

"La vieja idea de trasladar los impuestos del trabajo al medio ambiente en apoyo de los objetivos de sostenibilidad no se ha hecho realidad en su mayor parte. Dado que la UE se enfrenta a múltiples presiones fiscales en las próximas décadas, la idea podría reformularse como una reforma fiscal sostenible, que incluya impuestos de otras fuentes de ingresos, como las transacciones financieras, el suelo o la riqueza", propone la Agencia Ambiental europea.

Este organismo advierte que en los próximos años se perderán ingresos procedentes de los impuestos sobre la energía (impuestos sobre los carburantes), los impuestos especiales sobre los vehículos, los impuestos sobre los pasajeros aéreos y los impuestos sobre los vertidos y los plásticos debido a la progresiva descarbonización de la economía e indica que se calcula que estos impuestos medioambientales generarán alrededor del 1,6% del PIB en 2025/2026, pero disminuirán con el tiempo y desaparecerán por completo en 2050.

Rebaja progesiva

La Agencia Europea del Medioambiente desvela ya en su análsis que la proporción de ingresos por impuestos ambientales disminuyó en los 27 estados miembros de la UE del 6,6% en 2002 al 5,9% en 2019.

Según explica la institución comunitaria, los ingresos por este tipo de impuestos aumentaron un 18%, pasando de 253.000 millones de euros en 2002 a 298.000 millones de euros en 2019. Sin embargo, este crecimiento fue menor que el aumento del PIB (26%) y de los ingresos fiscales totales (31%), lo que reduce su peso.

Los ingresos aumentaron en la mayoría de los Estados miembros de la UE. Por ejemplo, se duplicaron con creces en Bulgaria, Estonia, Letonia, Polonia y Eslovaquia entre 2002 y 2019. Por el contrario, los ingresos disminuyeron en Dinamarca, Alemania, Noruega y Portugal en torno al 5-15%.

La proporción de ingresos sobre PIB por impuestos ambientales se ha reducido

La Agencia asegura que la crisis económica y financiera de 2008/2009 y las implicaciones fiscales de la pandemia de COVID-19 han dejado claro que la sostenibilidad fiscal -entendida como la "solvencia" del sector público- es fundamental para abordar los aspectos de la transición ecológica. Influye en la capacidad de la UE y sus vecinos para financiar las inversiones y mantener la prosperidad y la justicia social, al tiempo que se mantiene la resistencia del sistema económico.

Por ese motivo, el organismo indica que desde el punto de vista de los ingresos, es esencial explorar la fiscalidad ambiental junto con las subvenciones, ya que estas últimas también pueden ser útiles para el proceso de transición.

Subvención perjudicial

La Agencia advierte que muchas subvenciones son perjudiciales para el medio ambiente y han sido identificadas como económicamente ineficientes y distorsionadoras del comercio, lo que dificulta la eficacia de los impuestos medioambientales y los sistemas de comercio de emisiones.

Además, las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente conllevan una carga fiscal: afectan al presupuesto porque las reducciones de impuestos para actividades económicas o productos específicos, que son numerosas en el ámbito de la fiscalidad de la energía, conducen a una menor recaudación global.

La concesión de subvenciones también es relevante en términos de gasto, ya que pueden dar lugar a una menor disponibilidad de fondos para otros servicios públicos y pueden frustrar las medidas políticas que tienen como objetivo reducir la contaminación ambiental o conducir a un aumento del uso de los recursos.

"Reformar el sistema fiscal y hacerlo apto para el futuro será exigente"

Por ese motivo, la Agencia aboga por una reforma fiscal sostenible como un enfoque que merece la pena seguir desarrollando.

"Reformar el sistema fiscal y hacerlo apto para el futuro será exigente. La creciente demanda de gasto público para inversiones climáticas y energéticas, así como en relación con el envejecimiento de la población, está bien documentada. El mayor desafío político es cómo revisar los esquemas fiscales actuales -además de eliminar gradualmente los subsidios- y encontrar ingresos adicionales para probar el sistema fiscal en el futuro", indica la institución.

La Agencia Ambiental explica que en la literatura existente sobre el tema se discuten ya diferentes propuestas, entre las que se incluyen los sistemas de imposición sobre los robots, las transacciones financieras y los servicios digitales, así como la revisión de los sistemas de imposición sobre la propiedad y los impuestos sobre el patrimonio, especialmente para recaudar los ingresos necesarios para recuperarse de la pandemia del COVID-19.