Iberdrola pide acelerar el 'caso Villarejo' para evitar los perjuicios económicos

Iberdrola ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 un escrito en el que argumenta las presuntas irregularidades que está cometiendo el juez durante la instrucción del llamado caso Villarejo y asegura que esta situación le está provocando un daño económico.

La eléctrica asegura que el magistrado no ha permitido a Iberdrola ser parte perjudicada durante dos años tras la denuncia penal presentada contra su antiguo controller. La empresa lamenta que el juzgado no haya investigado el documento clave aportado por José Antonio del Olmo, un extremo que considera clave ya que sin este documento no existe prueba alguna sobre la implicación de directivos de la compañía en la causa.

En el escrito de la eléctrica, al que ha tenido acceso elEconomista, la compañía asegura que este daño de imagen les está causando perjuicios económicos. Para demostrarlo recoge las informaciones publicadas por elEconomista, en las que se hace referencia a la implicación de ciertos directivos de la compañía en el caso Villarejo por supuestos pagos de comisiones al comisario retirado y cómo esto ha afectado al proceso de compra de PNM Resources.

A este respecto, indica el abogado de la eléctrica, y refiere a elEconomista: "La Comisión de Nuevo México tumba a Iberdrola la compra de PNM Resources", o El Confidencial: "EEUU veta la megaoperación de Iberdrola para comprar PNM por el caso Villarejo".

Por ello, la eléctrica ha pedido que se impulse la instrucción, en aras de esclarecer el hecho central de la presente causa y con ello evitar los perjuicios económicos que está sufriendo la eléctrica.

La eléctrica cree que la investigación penal está obviando el papel de José Antonio del Olmo

El Magistrado Instructor no ha dictado ninguna diligencia de investigación de las solicitadas en el escrito de querella, ni en el escrito de fecha 18 de noviembre de 2021, ni ha dictado ninguna resolución adoptando medidas conducentes a dar cumplimiento al mandato contenido en el Auto de 12 de noviembre.

Sin embargo, a pesar de la relevancia que durante el procedimiento se le ha dado al documento de 1 de diciembre de 2004, tanto los representantes del Ministerio Fiscal, como el magistrado, han optado por relegar cualquier investigación al respecto (incluida la más inmediata, como es la toma de declaración del querellado, el señor Del Olmo, autor del documento) e insistir en tomar declaración a aquellos investigados cuya imputación parte precisa y únicamente del documento pendiente de investigar, como es el caso del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía, y otros destacados directivos. Un actuar como el anterior pone de manifiesto que las últimas decisiones judiciales reflejan cómo la investigación penal se impulsa solo en un sentido, obviando la necesidad lógica y jurídica de avanzar en la punibilidad de la conducta del autor del documento.