UE trata avanzar en patente única pero persiste problema lenguas
Bruselas, 3 dic (EFECOM).- Los ministros responsables de Mercado Interior, Industria e Innovación de la UE intentarán mañana consensuar una posición común para la definición de un modelo único de patente, pero la cuestión lingüística volverá a ser, una vez más, el principal escollo para conseguirlo.
El Consejo de Ministros de Competitividad tratará la cuestión de los derechos de propiedad intelectual durante un debate sobre las prioridades en la política de innovación, parte esencial de la denominada "estrategia de Lisboa" para el crecimiento y el empleo.
Fuentes diplomáticas españolas explicaron a EFE que la discusión está "absolutamente abierta", debido a que los Estados miembros están divididos en dos grupos con visiones radicalmente opuestas sobre el modelo de patente.
Con objeto de desbloquear esta cuestión -que comenzó a discutirse en 1996 y en la que no ha habido avances desde 2003-, la presidencia finlandesa ha presentado al Consejo una propuesta que, según las fuentes, se inspira en el vigente modelo de patente europea, regulado por el Acuerdo sobre Litigación de la Patente Europea (EPLA, en sus siglas en inglés).
El "problema" para España -cuya postura también apoyan Francia, Italia, Portugal, Luxemburgo y Chipre, entre otros países- es que aceptar ese modelo implica, en la práctica, admitir que las patentes sólo se registrarán en tres idiomas -inglés, francés y alemán-.
El modelo jurisdiccional europeo también va en detrimento, según estas fuentes, de la seguridad jurídica, pues no garantiza la existencia de tribunales con competencia en la materia en cada Estado miembro.
Para España, explicaron, es importante que, al menos la primera instancia judicial a la que recurrir en caso de litigio por una patente esté cerca de los ciudadanos españoles.
Por eso, la delegación española defenderá mañana que las conclusiones del Consejo se limiten a destacar la voluntad de los 25 de avanzar hacia una patente común, sin prejuzgar que el modelo a seguir será el europeo.
En este contexto, mostrará su apoyo expreso a la propuesta alternativa de la delegación francesa, que apuesta por un modelo específico de patente comunitaria.
En su reunión de mañana, los ministros debatirán también la propuesta para la modernización del código aduanero europeo (el actual data de 1992), para adaptarlo a los cambios registrados por el comercio mundial y definir un modelo de funcionamiento común.
La iniciativa incluye, entre otras novedades, la figura del operador económico autorizado, que permitirá a los agentes que reúnan una serie de requisitos hacer sus trámites aduaneros con mayor agilidad y sin intermediarios.
También propone una "ventanilla única" -punto que suscita rechazo en algunos países y que en España supondría la desaparición de los agentes de aduanas-, para que las empresas sólo deban remitir sus documentos a un único interlocutor.
El Consejo evaluará, asimismo, los progresos hacia la aprobación de una nueva directiva sobre crédito al consumo (menos de 50.000 euros).
En este tema, las posiciones de los países siguen muy distantes, explicaron las fuentes consultadas, y además la propuesta original ha sufrido muchas modificaciones tras su primer paso por el Parlamento, que todavía debe hacer una evaluación sobre el impacto que tendría su entrada en vigor.
La norma regula, entre otras cuestiones, las obligaciones de información y consejo del prestamista, las posibilidades de reembolso anticipado, el método de cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) y el régimen de descubiertos.
El objetivo es avanzar hacia un verdadero mercado interior de los servicios financieros, facilitando la comparación de los productos ofertados en distintos países, al tiempo que se garantiza la protección de los derechos de los consumidores.
En su última propuesta, la Comisión Europea ya se inclinó claramente por la armonización de las regulaciones nacionales, aunque con "cierta libertad de acción" para los países en algunas áreas determinadas.
Alemania es el país que más claramente se opone a la armonización, pues considera que supondría la desaparición de las normas nacionales sobre protección de los consumidores, y apuesta, en cambio, por unas reglas mínimas comunes a todos los países, que deberían ser suficiente garantía para los consumidores. EFECOM
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