Las motos compartidas aparcan parte de sus flotas tras el Covid

La fiebre de las motos de alquiler y uso compartido en las ciudades empezó a pinchar antes de que la llegada del coronavirus obligase a dejar aparcados los vehículos de dos ruedas durante semanas en las calles españolas.

Pero ha sido la pandemia y sus restricciones a la movilidad lo que ha acelerado el declive de algunas de las empresas de motosharing en España. Esta ha sido el caso de la startup valenciana Molo y de la empresa catalana Ge-cco, que tras el confinamiento han decidido dejar su actividad en Valencia y Barcelona, respectivamente.

Ambas siguen la estela de Coup, la firma de motosharing del fabricante de baterías y componentes de vehículos Bosch. Ya antes de la pandemia, en diciembre de 2019, la firma decidió bajarse de estas motos al considerar que la fuerte competencia en el sector no hacia viable su flota de 5.000 unidades en ciudades como Madrid.

Otra de las empresas pioneras y con más presencia en España la firma gaditana Muving, también ha reducido notablemente su actividad y abandonado varias de las ciudades donde operaba tras no lograr recuperar los abonados que tenía antes del confinamiento. Tendencias como el teletrabajo, también han influido en el menor tráfico.

Hace unos días, la empresa comunicó a sus clientes de las últimas cuatro ciudades en las que operaba -Valencia, Sevilla, Córdoba y Cádiz-, que suspendía sus servicios de forma temporal. De momento sí que ha puesto fecha a su vuelta en Valencia y Cádiz el próximo 5 de julio, donde había alegado problemas técnicos, pero no en las otras dos capitales andaluzas. Esta medida se anunciaba después de que en abril pasado comunicase de forma similar a sus usuarios en Zaragoza que dejaba la actividad porque el volumen de actividad actual no hacia viable el servicio.

Con sus motos eléctricas amarillas, Muving había llegado a operar en 12 capitales de toda España, entre ellas Madrid y Barcelona, aunque ya antes de la pandemia había ido replegando su flota en varias poblaciones. La startup fundada por los hermanos Iván y Raúl Contreras nació en el Puerto de Santa María y arrancó en Cádiz en marzo de 2017 con 30 motos eléctricas fue una de las que apostó por un crecimiento más rápido y amplio geográficamente en España. Unos vehículos cuya fabricación había encargado a la empresa dueña de la histórica marca de bicicletas Torrot.

En pleno boom de las motos compartidas y con una fuerte competencia tras la irrupción de rivales como Cooltra, Yego, Acciona, Movo (Cabify), Muving integró a otra empresa del sector, Ioscoot, propiedad de la familia Cosmen, la fundadora del grupo de transporte de autobús Alsa, que también operaba en Malta. Con ella incrementó su flota hasta las 2.500 motos, con planes además para crecer en Estados Unidos y Francia. Su negocio pasó de 1,4 millones en 2017 a 2,5 millones en 2019.

Obstáculos reguladores

La caída del uso y tráfico de sus motos eléctricas no es el único motivo argumentado por la compañía. En el caso de Sevilla, Muving también justifica su marcha por la falta de apoyo del ayuntamiento hispalense. Precisamente las nuevas ordenanzas municipales para regular la proliferación de este tipo de oferta de vehículos de alquiler compartidos que se dejan en la vía pública ha tenido un fuerte impacto en el sector.

Algunos consistorios han optado por limitar el número de empresas que pueden operar en sus calles, con concursos públicos como los de los ayuntamientos de Barcelona, que el año pasado seleccionó a 12 empresas de 21 presentadas, un dato significativo de la fuerte oferta existente. También Zaragoza ha puesto en marcha un concurso público, al que concurren Acciona Movo y Reby, y al que ya no se había presentado Muving.

En muchos casos las nuevas ordenanzas también han implantado tasas a los operadores por cada moto en alquiler, lo que supone un coste añadido para los operadores con el que no contaban cuando iniciaron su actividad y que está teniendo consecuencias en la estrategia a la hora de elegir en que ciudades implantarse.

Otro de los obstáculos que empresas como Cooltra apuntan en el caso de Valencia, que fija tasas de entre 78 y 82 euros según el tipo moto eléctrica, son las nuevas limitaciones al tráfico en el casco histórico, que se permite sólo a residentes.