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Los regantes del Levante ven 100.000 empleos amenazados por la nueva planificación hidrológica del Tajo


    elEconomista.es

    El incremento de los caudales ecológicos de la nueva planificación hidrológica del río Tajo podría acabar con 106.000 puestos de trabajo en el sector de la agricultura y relacionados, dado el incremento del caudal que prevé implementar el Ministerio de Transición Ecológica en varios puntos de su largo cauce, disminuyendo en un 21% el agua destinada al riego que llegaría a la zona del Levante.

    Así lo señala el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que advierte de que los nuevos baremos harían peligrar un sector que suponen 1.500 millones de euros del PIB español, puesto que las provincias de Murcia, Alicante y Almería aglutinan el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de las frutas. A ello hay que sumar otros 1.146 millones en los sectores conectados con el cultivo, como la comercialización, la distribución o los controles de calidad.

    "Los trasvases cumplen un papel esencial en la gestión hídrica de España. No se puede regionalizar este recurso básico para la vida. El agua no es de los territorios, ni de las comunidades autónomas, ni de sus presidentes, ni de las confederaciones hidrográficas. Es un recurso esencial que se debe gestionar atendiendo a criterios técnicos y de interés general", señala Lucas Jiménez, presidente del Sindicato. En este sentido, recuerda que las nuevas restricciones también supondrían una disminución del 18% en el agua que llegaría destinada a la zona y que está destinada al consumo humano.

    Por ello, Jiménez exige a los municipios ribereños al Tajo, especialmente a Aranjuez, y a las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha que acometan un plan de depuración como el realizado en la Región de Murcia hace dos décadas, lo que permitiría, según sus cálculos, destinar a caudales ecológicos hasta 500 hectómetros anuales de aguas depuradas.

    Jiménez recuerda además que los regantes deberán seguir pagando el mismo peaje por el uso del trasvase aunque llegue menos agua, además de compensar la caída de los caudales del Tajo con agua desalada, de mucha peor calidad y mucho más cara.

    El Tribunal Supremo anuló en 2019 el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, algo que el actual Ejecutivo nacional quiere subsanar. En su 'Esquema de Temas Importantes' para el periodo 2021-2027 relativo a la Planificación Hidrográfica del Tajo, el Ministerio señala que "para este tercer ciclo de planificación es preciso extender los caudales

    ecológicos mínimos a todas las masas de agua tipo río de la cuenca". La propuesta es que el caudal ecológico mínimo en Aranjuez se incremente desde los 6 metros cúbicos por segundo a 8,52 m3/s, mientras en Toledo pasaría a 17 m3/s y en Talavera llegaría a los 17,8 m3/s.