Acusación denuncia inactividad fiscalía en"mayor fraude historia"

Madrid, 24 nov (EFECOM).- La Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), única acusación en el caso de las cesiones de crédito, denunció hoy en la Audiencia Nacional la "inactividad" del Ministerio Fiscal en lo que considera como el "mayor fraude de la historia", con un perjuicio de 84 millones de euros.

En las cuestiones previas de la vista oral por este caso, en el que pide 180 años de prisión para el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, el abogado de esta acusación indicó que pese a que la juez Teresa Palacios vio "indicios de delitos" y decidió abrir juicio oral hace dos años, desde 1998 el Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento, rechazado en catorce ocasiones.

Ahora, destacó el abogado Iván Hernández, el fiscal pide que no se celebre el juicio, pero se reserva acciones legales que, según fuentes jurídicas, podrían afectar a los 20 clientes imputados por un presunto delito fiscal que se investigó en más de 47.000 operaciones por un importe superior a los 432.000 millones de pesetas (2.596 millones de euros).

"Estamos aquí porque el Abogado del Estado (en representación de la Agencia Tributaria) ha dejado de acusar" a los directivos del banco, no a los clientes, y porque el Banco Santander "falseó información" sobre las cesiones de crédito y "configuró documentos falsos y certificados falsamente", tal y como demostraron -según Hernández- los peritos.

Respecto a la posición de la fiscalía y las 24 defensas, contrarias a que se comience la vista por falta de legitimación de la acusación, ADIC rechazó las "medias sentencias" presentadas ayer y afirmó que "el ejercicio de la acción popular es en igualdad de condiciones respecto al ministerio fiscal", según una sentencia del Tribunal Supremo.

Además el abogado contrastó la posición actual del fiscal Vicente González Mota con la adoptada por el Ministerio Público en el proceso que se sigue contra el cliente Fernando Cartagena -ex consejero de Obras Públicas y Urbanismo de la Comunidad Valenciana- en el Juzgado número 4 de Orihuela (Alicante), donde ha pedido la apertura de juicio oral.

En el escrito del fiscal de ese procedimiento, fechado en octubre de 2006, al que tuvo acceso EFE, se indica que "el contrato de cesión de nuda propiedad de créditos estaba encaminado a propiciar la inversión de 'dinero negro' o fiscalmente opaco, asegurando el banco a sus clientes que la Hacienda Pública no tendría conocimiento de los propietarios de las cantidades invertidas".

En la vista oral de hoy, Hernández explicó que, en las listas que el Banco Santander facilitó a Hacienda, figuraba un tal Serrano Ibarra como titular de ocho cesiones de crédito, cuando tras los registros a la central contable del banco en 1992, los peritos de la Agencia Tributaria consiguieron saber que el titular era Fernando Cartagena.

ADIC destacó que la Audiencia Nacional es la que tiene que decidir sobre la presunta responsabilidad de Botín y otros tres directivos del banco -Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel- en esta operativa, pues el fiscal, antes de 1998, hablaba de un delito continuado de falsedad documental y falsedad mercantil.

Al igual que la acusación de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) -sobre cuya valía debe decidir el tribunal porque presentaron su escrito de acusación fuera de plazo-, ADIC defendió su "especial legitimación" en este procedimiento, para "velar por esa legalidad que no se ha seguido en este caso y que ha perjudicado a otros muchos clientes que sí actuaron con legalidad". EFECOM

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