El Gobierno debe informar del gasto en clima y energía

El Gobierno debería informar anualmente del gasto efectivo en clima y energía con relación a las cantidades presupuestadas, tal y como hará la Comisión Europea.

En los próximos años va a llover dinero público para actuaciones en materia de clima y transición energética: la UE quiere que los 750.000 millones del Plan de Recuperación se destinen a proyectos relacionados con ello y con la digitalización de la economía. Además, todos los desembolsos deben estar alineados con los objetivos del Acuerdo de París.

A ese bienvenido maná hay que añadir que al menos un 30% de los Presupuestos de la UE de 2021 a 2027 -1,07 billones de euros- deben contribuir a los objetivos comunitarios de cambio climático y transición.

No por casualidad, el histórico Consejo Europeo del 21 de julio que aprobó esas descomunales cifras, también emplazó a la Comisión a presentar un informe anual con la ejecución de lo presupuestado en materia de clima y energía.

En los últimos años, como apuntaba la semana pasada Miguel Arias Cañete, ex comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, en su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, el Tribunal de Cuentas de la UE "ha venido analizando si nos gastamos en política climática el presupuesto fijado, poniendo de manifiesto donde estábamos cortos; y funcionaba como un acicate para conseguir la ejecución".

En consecuencia, el veterano político, a quien las conferencias le roban tiempo para cuidar nietos, recomendaba a sus Señorías modificar el Proyecto de ley de cambio climático para incorporar la misma exigencia de rendición de cuentas que han establecido los estados europeos para el Ejecutivo comunitario.

España tendrá que asignar a proyectos concretos el 70% de los 140.000 millones que le corresponden del Plan de Recuperación entre 2021 y 2022, mientras que el restante 30% podrá asignarlo en 2023. Todos los fondos deben ejecutarse antes de 2026, y, como el resto de los 27, estaremos devolviendo la deuda contraída hasta 2058.

A esas cantidades hay que añadir las transferencias comunitarias de carácter ordinario y los fondos de nuestros propios Presupuestos nacionales, puesto que el citado Proyecto de ley ya prevé que España destine otro 30% a cambio climático y transición energética.

No estaría de más saber con mucho detalle cómo se gasta.