Esquerra pide ley que impida tribunales decidir descentralización

Madrid, 21 nov (EFECOM).- Esquerra Republicana estima necesario tomar medidas legales para evitar que un tribunal pueda "tirar atrás" la descentralización de órganos reguladores como en el caso de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

El responsable de Esquerra Republicana para temas de telecomunicaciones, Jordi Ramón, declaró hoy a EFE que el Tribunal Supremo (TS) no puede decidir si los gobiernos pueden descentralizar o no los órganos reguladores.

El Tribunal Supremo ha estimado los recursos contra el traslado de la sede de la CMT a Barcelona interpuestos por la Comunidad de Madrid y por los representantes de los trabajadores de este organismo regulador.

Según informaron hoy fuentes del Alto Tribunal, el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del TS ha estimado estos dos recursos al "considerar insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del Real Decreto impugnado".

Las mismas fuentes indicaron que en los próximos días se hará pública la sentencia así como los votos particulares emitidos.

El consejero madrileño de Economía, Fernando Merry del Vall, presentó el 23 de marzo de 2005 dicho recurso al estimar que esta decisión, "política", adoptada el 30 de diciembre de 2004, perjudica, en primer lugar, a los 140 trabajadores de la CMT al someterles "a una deportación arbitraria".

Argumenta en el escrito que aquellos empleados que opten por cambiar de ciudad tendrán, entre otras, dificultades de adaptación, "máxime si se tienen en cuenta las diferentes circunstancias de lengua, costumbres, cultura, etc".

A su juicio, "la deslocalización" de la CMT también ocasionará "perjuicios" a las empresas de telecomunicaciones, que en un 90 por ciento están "precisamente" ubicadas en Madrid, "entre otros motivos por la cercanía del organismo regulador y las demás instituciones del Estado y de sus proveedores".

Por su parte, los empleados de la CMT alegan que el real decreto aprobado por el Ejecutivo atenta contra el artículo 48 de la Ley General de Telecomunicaciones, que establece la independencia de la Comisión, incluso en asuntos relacionados con su propia organización de trabajo.

Además, sostienen que la decisión del traslado ignora los derechos de los empleados reconocidos en los propios Estatutos de la Comisión. EFECOM

lasp/prb