España y EEUU instan a Alcoa a que venda sus plantas antes que cerrarlas

El Gobierno y Alcoa mantienen un pulso por el futuro de la planta de aluminio de San Ciprián. El Ministerio de Industria ha pedido al fabricante estadounidense que presente un plan industrial o que facilite la búsqueda de un comprador para que puedan salvarse los 534 empleos que están en riesgo en la zona, así como toda la economía inducida que genera en la zona dicha instalación y que se calcula que es cerca del 30% del PIB de Lugo.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que Alcoa busca elevar el precio del aluminio con los cierres de sus plantas menos competitivas, entre las que figuran la española y la planta de Farndale en Estados Unidos y reducir así también la competencia.

En el caso americano, Alcoa anunció en abril que reduciría las operaciones de la planta de Intalco a finales de julio, citando como motivos los mismos que se han aducido en España: la caída de los precios del aluminio debido a la sobreproducción china y el impacto de la pandemia de coronavirus.

La empresa, al igual que está pasando en España, ha mantenido que su decisión es definitiva, a pesar de las súplicas de los legisladores demócratas y republicanos locales o de las peticiones de la administración gallega y nacional.

En España, a partir del próximo día 23 comenzarán las negociaciones formales para los despidos, mientras que en Estados Unidos, con una legislación laboral más flexible, ya han comenzado. Alcoa inició el pasado 4 de junio el despido de docenas de trabajadores en su fundición de aluminio, justo después de que el gobernador Jay Inslee escribiera a la compañía ofreciendo asistencia para buscar un comprador externo.

El comité de empresa ha iniciado movilizaciones que seguirán el fin de semana para pedir una negociación

El Partido Popular pidió el jueves al resto de fuerzas de la oposición que se uniesen a la Xunta para "defender los intereses de Galicia" como es "su obligación", en cuestiones como el reparto de los 16.000 millones de euros, Alcoa, o las empresas ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre, como Ence.

La plataforma de trabajadores de auxiliares de Alcoa ha apelado a las direcciones de sus empresas, Xunta y Gobierno central para que se impliquen en la defensa de los 400 puestos de trabajo de estas compañías. En un comunicado, la plataforma llama a un "frente común" en el que también participen las propias direcciones de sus empresas. Para ello, convocará una reunión en próximos días sobre esta línea de trabajo. En este sentido, piden a los Gobiernos gallego y central que también se centren en la "problemática actual y diferenciadora de la industria auxiliar de Alcoa San Cibrao", más allá de la amenaza de despido de 534 empleados de la fábrica de aluminio de la multinacional estadounidense.

Asimismo, demandan el apoyo de "todos" los empleados de auxiliares a sus movilizaciones convocadas, así como a las del comité de Alcoa y sindicatos, "ya que las reivindicaciones de esas movilizaciones son conjuntas e implican a todas las partes en este conflicto".

Por otro lado, el comité de empresa de Alcoa ha iniciado una serie de movilizaciones que esperan que sigan durante el fin de semana para reclamar una negociación.

Entretanto, las ayudas que reclama la industria española no acaban de llegar. El Consejo de Ministros prevé aprobar la próxima semana la Ley del fondo de reserva de garantías, una normativa que permitirá firmar contratos a largo plazo a las compañías electrointensivas sin necesidad de tener que presentar avales, ya que estos correrán a cargo del Estado.

Normativa necesaria

Esta normativa es necesaria para la aprobación del Estatuto de consumidores electrointensivos que, tras más de 18 meses, sigue sin aprobarse y además tampoco parece que se vaya a lograr en el corto plazo, ya que el Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a revisar la situación de la cogeneración y de los grandes consumidores de electricidad.

La petición, lanzada por el Partido Regionalista de Cantabria, recibió un fuerte apoyo, ya que pretende evitar una ola de cierres en la industria, que podría cebarse en Asturias, Galicia y Cantabria. De hecho, desde el pasado 13 de febrero, Sniace anunció a la CNMV el cierre de su fábrica de Torrelavega con 429 puestos de trabajo directos, cerca de 1.000 indirectos y 80 años de historia, por la nueva regulación energética anunciada por el Gobierno de España.

Junto a Sniace, otras industrias como Solvay, Ferroatlántica o Textil Santanderina, también han advertido de las negativas consecuencias que puede llegar a tener para su actividad a corto y medio plazo el anunciado recorte de los apoyos a la cogeneración y a las electrointensivas.

Para evitarlo, el Gobierno de Cantabria ha alcanzado un acuerdo con los de Galicia y Asturias para formar un frente común y plantear alegaciones conjuntas al proyecto de Real Decreto del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que se formalizaron ante el Ministerio de Industria ya el pasado 20 de febrero. Las industrias no ocultan su preocupación por las consecuencias que pueden llegar a tener los cambios anunciados para la cogeneración y las electrointensivas, ya que conllevan una merma evidente de competitividad.