Los grandes caseros piden que las ayudas a pymes y atónomos para el pago de rentas se extienda a todo el comercio

Los grandes propietarios de inmuebles, agrupados bajo ASIPA (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler), aseguran a elEconomista que esperaban un mayor respaldo por parte del Gobierno al sector comercial, que se ha visto impactado notablemente por esta crisis sanitaria al tener que cerrar sus puertas por normativa legal durante todo el periodo de estado de alarma, lo que supone un impacto económico importante.

Así, desde la asociación, que representa a varios gigantes del sector como Merlin, Unibail-Rodamco, Intu, Klépierre, o Lar, aseguran que esperaban "que el Gobierno ofreciera un mayor apoyo a un sector tan clave como dinamizador de la economía, que va a estar estrechamente ligado a la recuperación del consumo interno".

ASIPA lamenta que "que las medidas aprobadas no se hayan extendido al conjunto del sector retail, afectando sólo a autónomos y a la pequeña y mediana empresa, cuando la situación de crisis es compartida por todos".

Asimismo, echan en falta un mayor apoyo de la Administración con ayudas directas para atender aquellos pagos que se aplacen, como sí se concedieron en las moratorias destinadas a vivienda a través de créditos ICO, y como han hecho otros países vecinos en los que los gobiernos sí están cubriendo parte de las rentas durante el período de cierre obligatorio.

Si bien, la asociación ve con buenos ojos que se haya optado por el aplazamiento de las rentas. "Valoramos positivamente que se haya optado por establecer como norma la moratoria temporal como criterio de referencia, lo que ayudará a aplicar un criterio homogéneo en las negociaciones en curso, ofreciendo a todas las partes una mayor seguridad jurídica".

Asimismo, ASIPA recuerda "la responsabilidad social que demostró el sector nada más comenzar esta situación y decretarse el estado de alarma, que por iniciativa propia ofreció diversos planes de ayudas a sus inquilinos obligados al cierre".

Iniciativa privada

La primera en dar el paso fue la socimi Merlin, que según explican fuentes del sector, ha condonado las deudas de sus clientes tanto en activos comerciales que se han visto obligados al cierre como en los dos hoteles que tiene en cartera.

Así, la compañía que dirige Ismael Clemente, ha aprobado un plan que beneficia al 77% de los inquilinos de sus centros comerciales, que son la parte afectada por las restricciones de movilidad aprobadas por el Gobierno, ya que el otro 23% se trata de locales que si que pueden mantener abiertos sus servicios. La medida que ofrece Merlin estará activa hasta el 31 de julio, si bien, volverá a cobrar las rentas si el sector vuelve antes a la normalidad.

Castellana Properties, según explican fuentes del sector, también aprobó condonar las rentas del mes de abril a sus clientes. La socimi cuenta con una cartera de 16 centros y parques de medianas en España, así como dos edificios de oficinas. La bonificación que va a realizar la compañía dirigida por Alfonso Brunet, no incluye los gastos comunes del centro. Para los próximos meses, la compañía analizará la situación. 

Temprano Capital Partners ha anunciado hoy que ha decidido bonificar el 100% de las cuotas de alquiler correspondientes al mes de abril en los establecimientos de sus centros comerciales cerrados por la Covid-19. La empresa ha aplicado esta medida en todos los centros comerciales que actualmente tiene en cartera: La Farga de L´Hospitalet de Llobregat, MYO en la localidad valenciana de Gandía, Quadernillos en Alcalá de Henares y Plaza Imperial en Zaragoza.

"En una situación tan complicada e insólita, adoptamos esta medida excepcional para ayudar a todos los operadores que se han visto obligados a cerrar por la crisis de la COVID-19", explica Enrique Biel, Asset Manager de Temprano Capital Partners, que asegura que "en la medida de nuestras posibilidades, queremos contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo que generan nuestros centros comerciales. Desde la comprensión, solidaridad y cooperación, creemos firmemente que entre todos podemos superar esta situación".

Medidas aprobadas

Las medidas del Gobierno para locales que pertenecen a grandes tenedores (aquellos que tienen más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2) o entidad pública de vivienda, permiten que el inquilino afectado por el impacto de la crisis sanitaria solicite en el plazo de un mes al propietario la concesión de una moratoria en el pago de las rentas, que se aplicará de forma automática.

El aplazamiento se producirá durante el tiempo que dure el estado de alarma y podrá prorrogarse mes a mes cuando finalice la situación excepcional, por un máximo de cuatro meses. El pago del alquiler se podrá aplazar sin penalización ni intereses, mediante el fraccionamiento de las cuotas  en un plazo de dos años desde que acabe el estado de alarma o las prórrogas otorgadas. 

En el caso de arrendadores que no sean grandes tenedores, las pymes y autónomos afectados podrán solicitar, en el plazo de un mes, un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. En este caso, se permitirá el uso de la fianza para que el arrendatario pueda afrontar el pago del alquiler con más liquidez. La fianza deberá reponerse en el plazo de un año y en cualquier caso antes de que finalice el contrato. 

¿Quién se beneficiará de estas ayudas?

Para poder acceder a una moratoria los autónomos deberán estar dados de alta antes de que se decretara el estado de alarma  y haber sufrido una suspensión de su actividad a raíz de esta situación excepcional o haber registrado una caída del 75% en su facturación al mes previo al que solicita la moratoria frente a la media del trimestre del año anterior. 

Para las pymes, únicamente podrán optar a estas medidas las pequeñas y medianas empresas que no sobrepasen los cuatro millones de euros en el total de partidas del activo, que tengan un importe neto de cifra anual de negocios por debajo de ocho millones y que no tengan más de 50 trabajadores de media.