Molinero (Andimac): "La construcción tiene facturas por cobrar por 14.000 millones de los últimos 90 días"

Sebastián Molinero, secretario general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), denuncia la insufiencia de los avales anunciados por el Gobierno para que las empresas puedan sortear la crisis generada por el coronavirus y reclama que se faciliten líneas de liquidez adicionales y se paguen las deudas de las Administraciones.

¿Cómo valora las medidas que está tomando el Gobierno para facilitar el acceso a los avales a las empresas?

Somos conscientes de la dificultad del momento, pero desgraciadamente la cuantía de los avales es insuficiente para resolver los problemas que se van a generar, tanto por el cese casi total de la actividad como porque en nuestro país en general, y en el sector de la construcción en particular, la liquidez de las empresas está en las cuentas de sus clientes, tanto por el modelo de negocio como, y esto es lo grave y lo que pone en riesgo a miles de empresas, porque no se cumple la Ley de Morosidad.

Como consecuencia de ello, lo ideal sería implementar procedimientos que permitan garantizar los contratos celebrados y debidamente ejecutados y no cobrados por incumplimiento de la legalidad vigente.

Por otra parte, las restricciones de movilidad afectan al sistema financiero, lo que dificulta la gestión y, ante una más que probable oleada de peticiones de liquidez, puede generar retrasos importantes en la gestión de los expedientes y, por tanto, aumentar las tensiones en las empresas.

Si desde las administraciones se abonaran de forma rápida los más de 65.000 millones de euros adeudados a proveedores se generaría una enorme liquidez

Critica que se dispongan sólo a partir del 18 de marzo, ¿cómo deberían estructurarse por tanto esos avales? ¿Desde qué fecha?

Los avales son una línea pensada para las necesidades actuales, pero resulta crítico para un sector como el de la construcción habilitar líneas de liquidez que permitan adelantar el cobro de los compromisos comerciales debidamente formulados y satisfechos que, como mínimo, vulneran la Ley de Morosidad. Así, si desde las administraciones se abonaran de forma rápida los más de 65.000 millones de euros adeudados a proveedores se generaría una enorme liquidez sin afectar al déficit porque son gastos ya presupuestados.

En cualquier caso, el incumplimiento de la Ley de Morosidad es una responsabilidad de la Administración, que constantemente ha mirado hacia otra parte y, por tanto, no ha llevado a cabo la labor de vigilancia que le corresponde.

¿Tienen datos de cuántos avales se han concedido ya al sector de la reforma?

La línea acaba de ponerse en marcha, por lo que de momento no tenemos datos. Pero dentro del sector de construcción, la actividad de reforma está técnicamente parada por razones de confinamiento, salvo reparaciones de urgencias como averías y fugas.

Y en este punto es importante hacer un llamamiento a las delegaciones de Gobierno para que informen a los cuerpos de seguridad de que estas acciones deben llevarse a cabo, en especial en este periodo de confinamiento.

¿Son suficientes los avales para el sector de la reforma?

Estamos en un contexto que excede sectores y países, por lo que deberíamos tener una mirada más amplia. Tienen que generarse mecanismos que garanticen las constantes vitales de pequeñas empresas y autónomos saneados y solventes. Y para el escenario al que nos enfrentamos, creemos que son todavía insuficientes. De ahí que sea tan fundamental acudir a mecanismos de financiación de ámbito europeo. Es una factura que ciudadanos y empresas pagaremos durante muchos años, pero éste será el precio de salvar el presente para garantizar un mejor futuro.

"Lo más importante es generar adecuados mecanismos de liquidez, ya que el retorno de la actividad no será automático, sino moderadamente lento"

¿Qué medidas fiscales solicitan?

En principio aligerar todas las cargas o, en su caso, permitir el aplazamiento en plazos como un crédito tributario sin intereses. Pero lo más importante creemos que es generar adecuados mecanismos de liquidez, ya que el retorno de la actividad no será automático, sino moderadamente lento.

¿Cómo puede el Gobierno garantizar que se paguen los trabajos realizados?

La mejor manera sería habilitar un fondo de garantía de documentación comercial que permita asumir los compromisos de pago que exceden la Ley de Morosidad a 15 de marzo y dentro de los vencimientos acordados por las partes en sus contratos comerciales. Esta documentación ofrece una garantía y obligación a todas las partes: acreedor, deudor y el Estado como agente garantista de último recurso. Y a partir de una estructura de compromisos que parta del documento válido -la celebración del contrato comercial-, podrían fijarse mecanismos de obligatoriedad e intereses para las partes.

¿Tienen calibrada qué volumen de obras realizadas, en número y en cuantía, han retrasado los pagos?

Estamos cerrando el mes y estos días son los críticos. Queremos ser rigurosos y no dar cifras sin contrastar, si bien la amenazada primero y posterior caída importante de riesgos que han comenzado a imponer algunas aseguradoras de riesgo, unido a múltiples comunicaciones que nos han hecho llegar las empresas en este sentido, apuntan a que puede ser un golpe importante.

¿Qué impacto están teniendo el estado de alarma y las posteriores medidas sobre el sector de la reforma?

Enorme. La reforma se ha visto obligada a parar mientras dure el confinamiento, salvo actuaciones en viviendas no habitadas y que no formen parte de edificios, y otras de carácter urgente. Pero no sólo es la reforma. La caída esperada de actividad acumulada para el período marzo-mayo (ambos incluidos) es de un 80% en grandes ciudades y del 65% para poblaciones más pequeñas.

El valor anual de los materiales de construcción para el conjunto de los segmentos de actividad constructiva (construcción de edificios, reforma, obra pública y terciario) asciende hasta los 41.000 millones de euros.

Pues bien, paralizar el mercado de la reforma al menos durante dos meses implica una pérdida de actividad próxima a los 3.000 millones de euros. Este segmento, sin embargo, no tiene tasas de morosidad relevantes. Pero es enormemente importante para decenas de miles de pequeñas empresas constructoras, instaladoras, de reformas y de distribución. Y es que representa el 75% del valor en edificación residencial (es decir, construcción nueva más reforma en edificios y viviendas), y más del 40% del total de la construcción en todos sus segmentos.

"No hay una cuantificación, pero más del 80% de las empresas prevén plantear Ertes"

Por su parte, edificación y rehabilitación, edificación no residencial y obra pública representan un valor de materiales mensual en torno a los 2.400 millones de euros, con una morosidad media de unos 90 días. Por lo tanto, no sólo son dos meses de actividad muy reducida, sino que queda en el aire una gran bolsa de facturas no cobradas correspondientes a suministros de -y es una media- diciembre, enero, febrero. Todo ello representa una necesidad de liquidez potencial por motivos de morosidad extra en torno a los 7.000 millones de euros.

En resumidas cuentas, dos meses a este ritmo van a representar unas pérdidas de unos 6.500 millones de euros. Pero el problema en este contexto no es sólo lo no facturado, sino lo facturado y no cobrado durante los últimos 90 días, que se sitúa en torno a los 14.000 millones de euros para el conjunto del sector de la construcción.

¿Cuántos empleos se han perdido ya? ¿Ha habido concursos de acreedores o preconcursos de empresas ya? ¿Cuántos?

En este momento las empresas han adoptado como norma el recurso al ERTE. No hay una cuantificación, pero más del 80% de las empresas prevén plantearlo.

La situación a evitar para empresas saneadas es precisamente la del concurso. De ahí la importancia de la liquidez. Hablamos de empresas en su gran mayoría muy pequeñas con grandes limitaciones de tesorería. Hay que ser conscientes de que durante muchos años se deberá reponer el coste de esta situación de sostenimiento y, necesariamente, las inversiones para la reactivación.

El Gobierno ha ordenado la paralización de todas las obras hasta el 9 de abril. ¿Qué le parece esta medida?

Priorizar la salud pública, proteger a nuestras familias y a nosotros mismos, y muy especialmente a las personas más vulnerables a esta enfermedad, nos debe enorgullecer como personas y como país. Todo esfuerzo individual y colectivo en este sentido se convertirá, cuando los días más duros a los que vamos a hacer frente en las próximas semanas comiencen a quedar atrás, en un enorme motivo de fuerza moral y dignidad. Y esto nos hará mucho más fuertes para emprender la compleja tarea de reconstruir la economía y retomar la normalidad.

Eso sí, tengamos en cuenta que proteger a los trabajadores no es posible si no se hace lo posible por garantizar las constantes vitales de las empresas.

La construcción, en esta ocasión, sí que es el vector económico para actuar como detonador de arranque de la economía

Con el escenario actual, ¿cuándo estiman que llegará la recuperación para el sector?

El mejor escenario posible es que a partir de mediados de abril, lentamente, vaya recobrándose la actividad. Pero lo más importante es que el pulso de la economía sufra lo menos posible. La construcción, en esta ocasión, sí que es el vector económico para actuar como detonador de arranque de la economía. Tiene todos los elementos que se precisan en estos casos: generación de empleo a gran escala, retorno objetivo de inversión a medio y largo plazo mediante programas bien planteados (y que no son necesariamente los tradicionales), capacidad de generar movilización de recursos económicos y actividad sin arriesgar, apoyo de la mejora de un sector también esencial como el turismo…

¿Proyectan una caída del negocio a medio y largo plazo? ¿Y en precios?

En este momento es muy difícil hacer proyecciones sobre la economía española y la mundial, pero todo apunta a que dependerá de la velocidad a la que la ciencia sea capaz de encontrar diversas soluciones, desde fármacos paliativos hasta vacunas. Y, por supuesto, de la capacidad de distribución y universalización de estas medicinas.