PE dará mañana aprobación final a la directiva de servicios
Estrasburgo (Francia), 14 nov (EFECOM).- El Parlamento Europeo tiene previsto aprobar mañana la aprobación final a la directiva que liberaliza la prestación de servicios en la UE, tras un largo proceso de tres años lleno de complicaciones para lograr un acuerdo.
"Mañana será un día importante para Europa", señaló hoy el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, con motivo de la prevista aprobación del texto.
La directiva será votada y previsiblemente aprobada por amplia mayoría en el Parlamento Europeo (PE) en lo que será el último paso de un largo proceso que generó largas disputas entre Estados miembros, la Comisión, la Eurocámara, sindicatos y empresas.
Por ello, el texto surgió de uno de los proyectos legales más controvertidos de la historia de la UE, y por ello Barroso consideró hoy, durante una rueda de prensa, que la prevista aprobación "es una muestra de que en la UE somos capaces de arreglar incluso las cuestiones que generan más división".
Barrsoso también destacó el papel del comisario de Mercado Interior y Servicios, el irlandés Charlie McCreevy, en el proceso de reforma a fondo del texto tras la oposición de varios Estados miembros y las reformas propuestas por el PE en su primera lectura.
Salvo sorpresas, el pacto de los grandes grupos políticos del PE -Partido Popular Europeo, Socialista y Liberal- bastará para ratificar la versión de la propuesta acordada en mayo por los gobiernos nacionales.
El texto final quedó muy rebajado con respecto al original del ex comisario europeo que le dio nombre, el liberal holandés Frits Bolkestein.
El proyecto quiere hacer realidad la teórica unidad del mercado europeo de servicios -70% del PIB de la UE-, para lo que elimina trabas burocráticas y prohíbe discriminar por razón de nacionalidad a las compañías que operen en Estados distintos al de origen, incluso si no tienen filiales en ellos.
La propuesta original, presentada en febrero de 2004, se basaba en la cláusula de "país de origen", en virtud de la cual este tipo de empresas se someterían sólo a la ley del Estado donde radiquen.
Esto originó una fuerte contestación de los poderosos sindicatos de Francia o Alemania, que, tras la entrada en la UE de países del Este con costes laborales muy inferiores a los suyos, veían la directiva como una amenaza a los derechos de los trabajadores.
Enfrente, la patronal, los partidos liberales, los gobiernos del Este y los de tradición más aperturista, Reino Unido, Holanda o España, entre ellos, defendían la conveniencia de la propuesta.
Envuelto en la controversia, el texto llegó el pasado febrero a su primera lectura en el pleno del Parlamento Europeo.
Tras una difícil negociación, los grupos Popular y Socialista impusieron una posición común que supuso cambios fundamentales.
La propuesta perdió así el principio de país de origen e incluyó en cambio la posibilidad de que los Estados restrinjan la apertura del sector por razones de "orden público, seguridad pública, protección al medio ambiente o salud pública", aunque de forma proporcionada y sin discriminar a las empresas por su nacionalidad.
Además, se excluyó a los servicios de interés general, así como a los financieros, audiovisuales, sociales, el transporte, las comunicaciones electrónicas, las empresas de trabajo temporal, la salud pública y privada, el juego y la seguridad privada.
También se redujo el alcance de la liberalización sobre los servicios económicos de interés general -postales, sector eléctrico, gas, distribución y suministro de agua y gestión de residuos-.
Su plazo de transposición se prolongó hasta los tres años, de forma que no sea de obligado cumplimiento antes de 2009.
El texto del PE fue la base del posterior acuerdo en el Consejo de la UE -gobiernos nacionales- el 29 de mayo, donde, para contentar a los aperturistas, se añadió la obligación de que los Estados justifiquen ante la Comisión Europea las posibles restricciones. EFECOM
rcf-adp/jlm