Los fondos frenan la compra de 'ladrillo' a la banca

La inestabilidad política está bloqueando la venta de carteras vinculadas al ladrillo por parte de los bancos en nuestro país. Según señalan fuentes del sector, distintas entidades se han visto obligadas a posponer este tipo de operaciones ante la falta de un Gobierno y la incertidumbre que genera la posibilidad de que Podemos llegue al Ejecutivo, lo que está suponiendo un retraso en la limpieza de los balances del conjunto del sistema.

De hecho, en los nueve primeros meses del ejercicio, la gran banca solo consiguió rebajar en unos 5.000 millones sus activos deteriorados (morosos e inmuebles adjudicados), una cantidad que se queda corta si se compara con las previsiones iniciales, de unos 15.000 millones o 20.000 millones, o de los más de 70.000 millones de improductivos que el sector logró traspasar a los grandes fondos y gestoras en 2018 gracias a los grandes lotes que se sellaron.

En esta parálisis no solo está influyendo la falta de Gobierno después de dos convocatorias electorales, sino la ralentización económica, ya que los compradores no están dispuestos a arriesgarse a adquirir si no tienen un horizonte claro para venderlos posteriormente. Sin embargo, desde el sector financiero se asegura que el principal motivo de este frenazo se debe a la inseguridad en la política gubernamental en materia de vivienda, por la influencia de la formación liderada por Pablo Iglesias. Un intervencionismo en precios generaría una distorsión en el mercado de tal magnitud, que podría suponer pérdidas para los fondos que han acumulado grandes volúmenes de activos adjudicados o de deudas impagadas con la garantía de los inmuebles en las entidades.

Un estudio de Fedea advertía recientemente, por ejemplo, que limitar el precio de los alquileres reducirá la oferta de vivienda disponible y rebajará los incentivos a invertir en nuevos inmuebles destinados al alquiler. El conjunto de la banca suma aún 40.000 millones de euros en pisos y suelos en sus balances, además de 24.000 millones de créditos morosos vinculados al ladrillo (más de 17.500 millones ligados a hipotecas de particulares y 6.500 millones a empresas promotoras). Una cantidad que el sector tiene que desaguar para incrementar su rentabilidad.

Rentabilidad y pérdidas extra

De hecho, el Banco de España ha cuantificado en 3.000 millones el aumento de sus ganancias netas y, por tanto, de sus retornos del capital, con la desinversión de todo este lastre para sus cuentas de resultados, que desde que estalló la crisis ha incrementado sus costes mediante la subida de las provisiones y los gastos operativos. Es más, con el organismo supervisor, en un ejercicio teórico, ha calculado que con esta limpieza el sector podría rozar los niveles de rentabilidad que exigen los inversores. Ahora están un 40 por ciento por debajo del 10 por ciento que reclama el mercado para apostar por los valores bancarios.

Debido a la incertidumbre, además de mermar su apetito por estos activos, está exigiendo descuentos adiciones en precios para adquirir las carteras que están en venta o que las entidades pretenden colocar para sanearse. Esto está provocando que algunas entidades no vean con buenos ojos materializar una venta porque les obliga a realizar provisiones para cubrir deterioros, es decir, a asumir pérdidas extra y, por tanto, afear más los ya de por sí malos resultados.

Eso sí, en los últimos días, algunos grupos sí se están permitiendo el traspaso de algunos lotes debido a una mejor posición, como la llevada a cabo esta semana por Kutxabank, que se ha desprendido de un lote de créditos con garantía real de un nominal de 385 millones. Ha decidido dar el paso en la operación, ya que una parte de ellos estaban calificados como fallidos, por lo que estaban cubiertos con dotaciones al 100 por ciento y, por tanto, no requieren de ajustes extras.

Las entidades y los fondos, por contra, están cerrando transacciones de una manera más contundente sobre activos sin garantías (créditos empresariales y al consumo). Así, BBVA se ha desprendido en los últimos días de 2.500 millones, mientras que CaixaBank, de 865 millones. Ambos lotes han sido tomados por la gestora Intrum.

Para 2020, el sector financiero espera que las desinversiones inmobiliarias puedan acelerarse una vez se haya formalizado un Gobierno y que éste no aplique medidas que desincentive el atractivo que ahora tiene para los fondos. Desde que se inició la recuperación estos inversores han adquirido un total de 200.000 millones, entre las que se encuentran préstamos de todo tipo -no solo vinculadas al ladrillo-, además de inmuebles. Es decir, dos tercios de los activos dañados.