La falta de inversión en infraestructuras se hace patente en la calidad del servicio del agua

Los indicadores técnicos detectan un deterioro de las redes urbanas, que no reciben el mantenimiento adecuado. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agua y Medioambiente

El sector del ciclo urbano del agua lleva tiempo denunciando que la falta de inversión en las infraestructuras, acentuada por la crisis económica, iba a pasar factura al servicio. Sin embargo, no había datos objetivos que respaldaran esa afirmación, en parte por la robustez de las instalaciones, en parte por las mejoras tecnológicas que no han dejado de incorporarse a los procesos, y en parte por el buen hacer de los propios operadores, celosos de su trabajo. 

No obstante, la XIII Encuesta de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España, elaborada conjuntamente por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (Aeas) y por la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), ya detecta las primeras evidencias del anunciado empeoramiento.

La Encuesta, elaborada bienalmente, aporta abundante información sobre la situación del ciclo integral del agua -este año recoge datos de 2012, correspondientes a 996 municipios, en los que viven 30,6 millones de personas- y es una de las fuentes de información de referencia del sector, puesto que ninguna Administración publica análisis semejantes. Sus responsables únicamente reconocen cierto déficit de recogida de datos en las poblaciones menores de 20.000 habitantes, que "no suelen responder mucho a nuestras solicitudes", según Fernando Morcillo, presidente de Aeas. 

Pues bien, dos son los indicadores en los que se refleja la falta de inversión: la dotación de agua a las urbes, medida en litros por habitante y día, y el agua no registrada, medida en porcentaje y correspondiente a la diferencia entre el agua suministrada a las redes de distribución y el agua medida por los contadores de los usuarios.

Dotación y agua no registrada, indicadores del abandono

En el primer caso, el del volumen de agua suministrado por habitante, se ha invertido una tendencia descendente de casi dos décadas: desde 1987 había bajado un 24 por ciento, y ahora se observa un aumento del 2 por ciento en 2012 respecto a 2010, al pasar de 236 a 241 litros. Puesto que los hábitos sociales tienden al ahorro y la crisis económica ha pasado una factura severa a los consumos del sector productivo, este aumento sólo puede significar una menor eficiencia de la distribución.

El segundo caso, el del agua no registrada, es todavía más claro, porque mide específicamente las pérdidas de las redes, ya sean reales, por roturas y fugas, o aparentes, es decir, consumos no facturados, fallos de los contadores y robos. Aquí el indicador ha pasado del 23,3 por ciento en 2010 al 24,6 por ciento en 2012. 

"Los datos técnicos revelan un deterioro, por envejecimiento, de las infraestructuras del agua, y ponemos sobre aviso a la ciudadanía y a los responsables políticos" decía Morcillo durante la presentación de los resultados de la Encuesta en Madrid, antes de añadir que "la excelencia que teníamos ha cambiado de signo".

Por otro lado, resulta que el buen nivel que todavía luce España en las redes de abastecimiento urbano no existe en otros ámbitos de la gestión hídrica, como el de la depuración.

La Comisión Europea tiene abiertos dos procedimientos de infracción contra España por no cumplir con los niveles de calidad exigidos en la normativa comunitaria, uno de los cuales ya cuenta con una sentencia firme del Tribunal de Justicia Europeo y se traduce en una sanción económica creciente hasta que se alcancen los requisitos. Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), conseguiremos hacerlo cuando la multa haya alcanzado los 100 millones de euros.

Por consiguiente, al esfuerzo de inversión para evitar las sanciones, que el Gobierno se está tomando en serio, hay que añadir las necesidades de mantenimiento de las redes, relegadas en la escala de prioridades. 

Ahora bien, ¿cuánto hay que invertir para cumplir con las normas europeas sobre depuración y para mantener correctamente las redes? En el primer caso, el Magrama estima que unos 10.000 millones de euros; en el segundo, la respuesta no es tan sencilla.

Las tarifas españolas, entre las más baratas de Europa

"Para poder responder a esa pregunta lo primero que hay que saber es de qué poblaciones hablamos, porque la heterogeneidad de las tarifas del agua en España es muy grande", sostiene Josep Carbonell, presidente de AGA.

Los estudios de la Agencia Internacional del Agua revelan que las tarifas en España son sensiblemente más bajas que en la mayoría de los demás países europeos, porque en ellos se lleva años procurando que lo que pagan los usuarios tenga relación directa con los costes del servicio, sin tener que acudir a otras vías para sufragarlos, tal y como establece la Directiva Marco del Agua.

Así, en Dinamarca las tarifas son tres veces más altas que en España, y en Holanda, Finlandia, Inglaterra y Suecia, dos veces más. Nótese, además, que no son países con climas secos en los que sea necesario disponer de una importante infraestructura de almacenamiento y gestión de recursos hídricos, como ocurre aquí.

A mayor complejidad, raras son las conurbaciones españolas que recogen en sus tarifas todos los costes que conlleva la prestación del básico servicio. Normalmente, éstos se cubren, cuando lo hacen, complementando los ingresos con impuestos específicos -los cánones- y con otras transferencias de dinero público, como ocurre con los fondos europeos. Al final, se paga mucho más de lo que parece a simple vista.

Teniendo en cuenta esta particular forma de costear el agua, la comunidad autónoma donde más paga el usuario doméstico, incluyendo tanto el abastecimiento como la depuración, es Murcia, con 2,31 euros por metro cúbico, seguida por Cataluña, con 2,15, y Baleares, con 2,1. La más barata es la Ciudad Autónoma de Melilla, donde sólo asciende a 0,8 euros, seguida por Castilla y León, con 0,95, y Galicia y Aragón, con 1,1. En Madrid -caso modélico, por la economía de escala que ha alcanzado- la tarifa es de 1,4 euros. 

La media del precio doméstico en España se sitúa en 1,59 euros por metro cúbico, de los que el 58 por ciento se destina al servicio de abastecimiento y el 42 por ciento al de saneamiento. La media del uso industrial es superior, de 2,07 euros. Uniendo el doméstico y el industrial, el precio medio es de 1,71 euros.

Solución: subir el agua hasta duplicar los niveles actuales

"A grandes rasgos, para cubrir las carencias en depuración, y suponiendo que todo se pagase con las tarifas, éstas tendrían que subir un 30 por ciento; si además incluimos la renovación de la infraestructura existente, la subida oscilaría entre el 50 y el 100 por ciento", avanza Carbonell.

"Lógicamente, esa subida, de golpe, no es viable ni deseable -comenta Morcillo-, lo que necesitamos es una evolución, un acomodo racional que nos permita cumplir con los objetivos de depuración y tener un buen mantenimiento de las infraestructuras".

Un asunto clave del problema es lo poco atractivo que le resulta a cualquier político anunciar a los vecinos un incremento del recibo del agua. "Subir el agua no vende", sentencia Morcillo. Eso explica que haya depuradoras construidas gracias a los fondos públicos europeos y que no operen o lo hagan por debajo de sus posibilidades.

En la actualidad, las subidas o bajadas de las tarifas las deciden las comisiones de precios y los plenos de los ayuntamientos, conjuntamente, en el 73 por ciento de los casos; sólo lo hacen las comisiones de precios en el 23 por ciento; sólo los plenos de los ayuntamientos en el 1 por ciento, y el 3 por ciento restante corresponde a comunidades autónomas, consorcios y mancomunidades.

Organismo regulador y mecanismos de protección social

Como solución, el sector del agua viene reclamando la existencia de un organismo regulador independiente, entre cuyas funciones estaría la fijación de las tarifas en función de criterios técnicos objetivos, como la disponibilidad de los recursos hídricos. El modelo a imitar sería el portugués, creado tras un largo proceso de integración institucional.

Además sería necesario proteger a la población pobre de los efectos de la subida. El precio del agua es muy bajo comparado con otros bienes de consumo -en el presupuesto familiar pesa unos 220 euros anuales, casi la mitad que el tabaco, y eso que cada vez fuma menos gente-, pero existen mecanismos de protección, que se han incrementado en los últimos años con el aumento de la exclusión social.

Casi el 90 por ciento de los españoles tiene acceso a algún tipo de bonificación en la tarifa general, con independencia de que lo aproveche o no lo haga. La más común es la de las familias numerosas, de la que puede disfrutar el 51,9 por ciento, a la que se le añaden el bajo nivel de renta -10 por ciento- y otros motivos, que llegan casi al 18 por ciento.

En todo caso, el esfuerzo que hacemos los españoles para pagar las tarifas de agua es inferior al de los países de nuestro entorno. Un estudio de la Fundación Aquae se preocupó de comparar el precio pagado en función de la renta disponible en 17 países europeos durante 2011. En el extremo superior de la muestra estaba Dinamarca, que abonaba un 192 más que la media, y en el extremo inferior Italia, con apenas el 40 por ciento; España ocupaba el penúltimo lugar, con el 63 por ciento. 

Los españoles pagamos menos por el agua, por lo tanto, pero pagamos más por otros servicios básicos, como la electricidad y la telefonía. Según el mismo estudio, un 123 por ciento en el primer caso y un 125 por ciento en el segundo.

¿Afecta la crisis al acceso al agua?

Cándido Méndez, secretario general de UGT, advirtió recientemente de que 3,6 millones de hogares tiene dificultades para pagar el recibo del agua, en función del medio millón de avisos de cortes de suministro contabilizados a inicios de año.

Los responsables de Aeas y AGA le han contestado que en España rige un sistema garantista, en el que los avisos no se traducen en cortes de agua; además de haber recibido dos avisos, la supresión del servicio la tiene que decidir el Ayuntamiento correspondiente, no los operadores, sean públicos o privados.

Y los consistorios, de acuerdo con una práctica generalizada, disponen de bonificaciones y fondos de solidaridad para atender a los necesitados, en función de lo que dictaminen los servicios de atención social, que deben evaluar cada caso. "Afortunadamente, no tenemos referencias de que por problemas económicos se carezca de agua" afirman. 

La buena condición sanitaria, garantizada

Todo apunta a que el envejecimiento de las infraestructuras de saneamiento empieza a pasar factura al buen estado del agua en origen -la que se recoge del entorno natural y se trata para abastecer las poblaciones-, puesto que, aunque las de menor calidad no han sufrido cambios en los últimos dos años, las de calidad excelente han descendido un 6 por ciento en el mismo período.

Ahora bien, esta mala tendencia está muy lejos de afectar a las condiciones sanitarias del líquido elemento, como revelan los exhaustivos controles que realizan los propios operadores, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad, por medio del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac), de libre consulta en Internet.

Sus boletines informan de que en 2012 se recogieron muestras en 8.318 zonas de abastecimiento -más de una por municipio- y se realizaron más de 4,3 millones de analíticas en 472 laboratorios diferentes, con el resultado de que el 99,3 por ciento era apta para el consumo doméstico.

Lamentablemente, se siguen produciendo vertidos tóxicos -o se produjeron en el pasado y aún no se han limpiado los contaminantes- que obligan a realizar el abastecimiento con camiones cisterna en los lugares afectados, pero, como norma general, se puede tener una confianza plena en las buenas condiciones del agua del grifo.