La patronal de instaladores de gas, Conaif, estima en 10.000 el número de trabajadores que, de manera inmediata, serán despedidos por las empresas instaladoras al no poder mantener su actual modelo de negocio. Las plantillas actuales de comerciales encargados de vender los contratos de gas, así como el personal administrativo que gestiona las altas de los usuarios son inviables en este nuevo escenario, indica la patronal.Hay que tener en cuenta que las empresas instaladoras que colaboran con las compañías energéticas en la distribución y comercialización de gas realizan un esfuerzo inversor en recursos humanos, técnicos y financieros que, de ningún modo, podrá ser mantenido si la actividad se paraliza.Son miles las empresas instaladoras de toda España que este año 2019 se han adherido a las diferentes ofertas públicas de las distribuidoras de gas para colaborar con ellas en la expansión de la red, y que a día de hoy, por las razones apuntadas, no pueden prestar con normalidad servicio a los usuarios y clientes: tramitar las altas de los contratos de gas, garantizar las puestas en servicio, realizar las acometidas de gas… y demás operaciones que son habituales en su actividad diaria.Conaif considera nefasta esta medida anunciada por algunas compañías energéticas como Nedgia, no solo por lo negativo que tiene en sí para las empresas instaladoras, sino también para otros eslabones de la cadena de valor del gas. Fabricantes de equipos y distribuidores de calefacción, que aportan sus productos en cada nueva alta, son los otros afectados colaterales, lo mismo que los usuarios que tengan pendiente la puesta en servicio de su instalación de gas, en estos momentos en suspenso.Conaif insta a dichas compañías energéticas a reconsiderar la medida, que es perjudicial para un colectivo empresarial colaborador y necesario para el desarrollo de su negocio como es el de los instaladores de gas.