El exconsejero delegado de BBVA, Ángel Cano, es el octavo directivo vinculado a la entidad que se niega a declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, por el escándalo del espionaje. A pesar de que Cano se paga su propia defensa, ha contratado al abogado José Bonilla del despacho Jones Day, la estrategia ante el juez ha sido la misma que la de los seis directivos que aún trabajan en la entidad y a los que el banco les abona la defensa: la del silencio. El excosejero delegado salía ayer a las 10:30 de la sede de la Audiencia Nacional, tan solo media hora después de su entrada, y fue él mismo quién aseguró a la prensa que se había acogido a su derecho a no declarar y no había aportado ningún documento al juez. Cano estaba citado para el pasado día 4, pero no acudió por encontrarse fuera de España. Asimismo, el consejero de la filial turca de BBVA, Ricardo Gómez Barredo, también se acogió ayer a su derecho a no declarar. Ambos, junto al exjefe de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano; el presidente de Distrito Castellana Norte (firma participada por BBVA), Antonio Béjar; y otros cinco directivos que aún trabajan en el banco están imputados por cohecho activo y revelación de secretos. El juez investiga a los responsables de autorizar los pagos a Cenyt, empresa del excomisario José Manuel Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción sólo ha pedido medidas cautelares contra Corrochano. El juez estimó la solicitud de los dos fiscales del caso e impuso al exjefe de Seguridad el pasado viernes prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros. Además, le retiró el pasaporte para que no salga del país. BBVA presuntamente contrató al excomisario en cuatro ocasiones. La primera de ellas fue en 2004 para ordenarle un espionaje para evitar que Sacyr comprara suficientes acciones de la entidad que le dieran acceso al consejo de administración del banco. En esta fecha, Ángel Cano era jefe de Recursos Humanos y Servicios Generales del banco, y por tanto, jefe directo de Corrochano. Los dos siguientes encargos fueron en 2009, uno para averiguar si el constructor Fernando Martín ocultaba dinero en el extranjero y otro para investigar al entonces presidente de Colonial, Luis Portillo, para conocer si tenía patrimonio oculto. El cuarto fue ya en 2012 para espiar a Ausbanc. En estas tres últimas tramas, Cano ya era consejero delegado de BBVA. El banco pagó al expolicía al menos 12,3 millones por sus servicios. Villarejo se desvincula de 'FG'Villarejo aseguró el miércoles ante García-Castellón que nunca se ha reunido ni ha hablado con el expresidente de BBVA, Francisco González. Según el expolicía, su contacto directo con el banco era Corrochano, persona con la que firmó los contratos. El excomisario reconoció que la entidad contrató a su empresa Cenyt para realizar trabajos de recuperación de morosos. Sin embargo, desvinculó el espionaje de Sacyr a una orden de BBVA y aseguró que fue un encargo de Estado, "en interés de la soberanía nacional".