La trama de espionaje protagonizada por BBVA comienza a tomar envergadura judicial. Por primera vez desde que se inició la investigación por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para que realizara presuntas labores de espionaje, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido cárcel para uno de los exdirectivos del banco. Los dos fiscales solicitaron prisión eludible bajo una fianza de 300.000 euros para el exjefe de Seguridad de BBVA hasta abril de 2018, Julio Corrochano. El magistrado del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Ma-nuel García-Castellón aceptó la medida y dio a Corrochano un plazo de 15 días para reunir la cuantía o entrará en prisión. Anticorrupción solicitó esta medida, a pesar de que el exdirector de Seguridad del banco que presidía Francisco González (FG) se negó a declarar ante el juez. Sin embargo, Corrochano ha sido uno de los más expuestos en el caso Villarejo. Las grabaciones del excomisario revelaron que el que fue responsable del banco y el exinspector de policía mantuvieron, al menos, una reunión física en enero de 2005, para hablar de los detalles de la investigación que supuestamente el equipo de Villarejo realizó para evitar que Sacyr comprara acciones de la entidad suficientes, que le dieran entrada al consejo de administración del banco. En estos audios, Corrochano comentaba que su "presi", en supuesta referencia al expresidente Francisco González, quería informes cada quince días.Además, en otra grabación posterior, fechada en 2009, Villarejo cuenta a sus interlocutores que él conocía a Corrochano desde hacía años, porque ambos coincidieron de jóvenes, destinados en el País Vasco, cuando el exjefe de Seguridad del banco aún ejercía como policía. Este audio revela una reunión del excomisario con un exresponsable de los servicios jurídicos del banco, en la que supuestamente se encargó una investigación sobre el constructor Fernando Martín y el expresidente de Colonial, Luis Portillo, por las presuntas deudas que ambos mantenían con BBVA. Nuevas declaracionesCorrochano, al igual que el que fue consejero delegado del banco entre 2009 y 2015, otros cuatro directivos que en la actualidad siguen trabajando en la entidad y otros dos, aún vinculados con la misma, está imputado por cohecho activo y revelación de secretos. Ángel Cano, que debía ir a declarar el pasado jueves, ha sido citado para el próximo 11 de julio, por encontrarse fuera de España el día fijado. Entonces se conocerá si la Fiscalía Anticorrupción solicita medidas cautelares contra él, como ha hecho con Corrochano. Ninguno de los cuatro directivos imputados que acudieron jueves y el viernes a la Audiencia Nacional declaró ante el magistrado. Ignacio Pérez Caballero, director de Banca Comercial de BBVA España; Javier Malagón Navas, responsable de Control y Datos en Finanzas; Inés Díaz Ochagavía, responsable de Seguridad Corporativa; y Nazario Campo Campuzano, jefe de equipo de Seguridad se acogieron a su derecho a no hacerlo. El consejero de la filial turca Garanti, Ricardo Gómez Barredo, alegó que se encontraba en el extranjero. El juez le ha citado para el 11 de julio. Finalmente, Antonio Béjar, que fue responsable del área inmobiliaria de BBVA y es actual presidente de Distrito Castellana Norte, empresa participada por el banco, fue el único en declarar, pero solo contestó a las preguntas de su abogado, Javier Gómez Bermúdez, y no a las del magistrado. Béjar admitió que el banco contrató a Cenyt (empresa de Villarejo) entre 2010 y 2014 para localizar a morosos. Sin embargo, aseguró que él desconocía que detrás de esa firma estaba el excomisario y negó haber hablado en alguna ocasión con él. Habla el exsocio del policíaEl abogado y exsocio de Villarejo, Rafael Redondo, también acudió ayer a comparecer en la Audiencia Nacional en calidad de investigado. Redondo fue el único en contestar a las preguntas del juez. El abogado ya fue encarcelado en noviembre de 2017, misma fecha en la que Villarejo entró en prisión, en el marco del caso Tándem, que investiga las actividades del excomisario en operaciones relacionadas con Guinea Ecuatorial y China. No obstante, Redondo salió de prisión en septiembre de 2018, tras abonar una fianza de 100.000 euros. Los papeles de Villarejo revelan una presunta participación de su exsocio en la investigación a Sacyr. El excomisario creó una asociación de accionistas de la constructora, con el objetivo de entorpecer la compra de acciones de BBVA por parte de la compañía constructora. Según los documentos, Redondo aparece en la constitución de esta asociación y ocupó el cargo de tesorero y secretario de la misma.El grupo financiero presuntamente pagó, al menos, 12,7 millones de euros a las firmas del excomisario por los trabajos de espionaje. No obstante, paradójicamente, en las facturas que guardó el excomisario solo consta que abonó 500.000 euros por las supuestas escuchas a Sacyr y a miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero, mientras que la cifra por espiar a Ausbanc ascendió a 5 millones, y las investigaciones a Fernando Martín y Luis Portillo, a 4 millones y 3,2 millones, respectivamente.